El Gobierno anunció que entregará de un subsidio $3,000 no reembolsables para la compra de viviendas nuevas cuyo precio no exceda los $80,000. Esta medida representa un empujón directo para diversos sectores. La pregunta es cuánto puede cambiar realmente la compra para una familia y qué tanto puede mover al mercado residencial, a la construcción y a la banca.
La proyección del Gobierno es que, al reducir el obstáculo financiero del desembolso inicial para los potenciales compradores, se registre un repunte en la colocación de créditos hipotecarios.
Esto, a su vez, incentivaría la ejecución de nuevas obras, generando un efecto multiplicador en la contratación de mano de obra directa, las compras al sector manufacturero local y la recaudación fiscal.
Para los compradores: Elimina la principal barrera de entrada al reducir el saldo total del préstamo y la cuota mensual a pagar.
Para las constructoras: Acelera la venta del inventario existente y estimula la ejecución de nuevos proyectos residenciales.
Para el sector bancario: Incrementa la colocación de créditos hipotecarios al facilitar que más familias cumplan con los perfiles de aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 35 del 17 de septiembre de 2026, el otorgamiento del subsidio no significa que el comprador pueda adquirir una casa sin poner dinero como parte de un abono inicial, ni que el Estado entregue los $3,000 en efectivo.
El comprador deberá aportar al menos el 1% del precio de la vivienda con recursos propios y conseguir la aprobación de un préstamo hipotecario. El subsidio de $3,000 se acredita al precio de la propiedad antes de determinar el monto definitivo del financiamiento.
En otras palabras, el subsidio no representa un desembolso de dinero en efectivo para el beneficiario, sino que se estructura como un abono directo a la transacción hipotecaria.
Además, no tiene carácter universal, ya que está limitado a viviendas nuevas que operen como residencia principal y que se alineen con el marco regulatorio de intereses preferenciales.
El monto final del préstamo, sin embargo, dependerá de las condiciones de la operación y de la aprobación del banco.
Aunque un solicitante cumpla con las condiciones requeridas y el banco apruebe el crédito, la asignación efectiva y el pago del subsidio dependen de la existencia de fondos disponibles en el presupuesto estatal.
Actualmente, Panamá arrastra un déficit habitacional estimado en más de 180,000 viviendas.
El decreto ejecutivo establece que el programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2030 o hasta que el déficit habitacional se reduzca al 5% o menos.
Llevar el déficit habitacional hasta esa meta implicaría otorgar el subsidio a más de 100,000 familias. A razón de $3,000 por beneficiario, esto supondría más de $300 millones en subsidios directos.
El impacto sobre el crédito hipotecario sería mucho mayor. Si, como referencia, cada familia financiara unos $50,000 a través de un préstamo hipotecario, el programa podría movilizar alrededor de $5,000 millones en crédito.
Pero el alcance real del programa no dependerá únicamente del monto del subsidio.
Para que una familia pueda convertir ese beneficio en una compra, también deberá ser sujeto de crédito, contar con ingresos suficientes para asumir la cuota, aportar el porcentaje requerido con recursos propios y cumplir con las condiciones del banco y del programa.
Por eso, las cifras anteriores son un ejercicio para dimensionar el posible alcance económico del programa y no una proyección de colocación hipotecaria.
La cantidad de préstamos que finalmente se concrete dependerá de cuántos potenciales compradores puedan acceder al financiamiento y de las condiciones de cada operación.
Al mercado de la construcción le favorece el nuevo subisidio tras la mala racha por la que ha pasado.
Las cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá revelaron que en el primer cuatrimestre del año, el otorgamiento de créditos hipotecarios residenciales en el segmento preferencial, es decir, con tasas de interés subsidiadas, había caído 34%.
En junio de 2026, los créditos hipotecarios y de construcción registraron un repunte conjunto, aunque sus flujos acumulados permanecieron por debajo de los del año anterior, informó el regulador bancario.
Ambos mercados venían de una desaceleración desde 2025, asociada a los cambios y la incertidumbre en el régimen de intereses preferenciales y a la aplicación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) del 2% a las viviendas nuevas, factores que afectaron tanto el financiamiento hipotecario como la actividad de construcción residencial.
Después de meses de discusión sobre el régimen de intereses preferenciales, el nuevo esquema quedó finalmente definido y entró en vigencia el 1 de enero de 2026, con la Ley 481 de 2025, que modificó la Ley 468 de 2025.
Este año, el presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 546 del 31 de agosto de 2026, la cual exonera el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para la primera vivienda nueva de hasta $120,000.
La nueva norma modifica el artículo 4 de la Ley 106 de 1974 y establece que las operaciones de compraventa de viviendas nuevas podrán quedar exentas del ITBI sobre los primeros $120,000, siempre que la compraventa se formalice dentro de los dos años siguientes a la expedición del permiso de ocupación correspondiente.
A estas medidas se suma ahora el llamado AbonoPaTi, que otorga un subsidio estatal no reembolsable de $3,000 para la compra de viviendas nuevas de hasta $80,000 con requisitos ya establecidos (ver lista).
Esto debes hacer si quieres aplicar al subsidio:
Registrarse en Panamá Conecta y presentar la solicitud del AbonoPaTi
Permitir la consulta y validación de datos necesarios para comprobar requisitos.
Contar con aprobación de un préstamo hipotecario para la adquisición de la vivienda.
Adquirir una vivienda nueva destinada a residencia principal y permanente, cuyo precio de compra máximo no sobrepase los $80,000.
El subsidio se otorga una sola vez y no puede ser cedido ni transferido.
Los fondos para el subsidio no son ilimitados. Los cupos serán asignados según el cumplimiento de requisitos y el orden de las solicitudes validadas, sujeto a disponibilidad presupuestaria.
El MEF desembolsará el beneficio directamente al acreedor hipotecario después de la inscripción definitiva de la escritura.Una vez asignado el cupo, el beneficiario tendrá hasta 3 meses para concluir la construcción y obtener el permiso de ocupación (con posibilidad de prórroga según reglamento).
El MEF deberá darle seguimiento, verificaciones, conciliaciones y auditorías sobre el uso de los recursos.
