Hoy se cumplen nueve meses y medio desde que se paralizó la construcción del centro de convenciones de Amador, y es un hecho la cesión del contrato por parte de HPC-Contrata-P&V como única salida ante las irregularidades en la ejecución de la obra.
El Gobierno había anunciado el 30 de marzo que iba a tomar una decisión sobre el futuro del proyecto, adjudicado por 193.7 millones de dólares.
La compañía alegó problemas financieros y anunció que no podría continuar con el compromiso adquirido.
Ante este escenario se manejó la posibilidad de que el Estado anulara el contrato y convocara una nueva licitación, pero la propuesta fue descartada porque retrasaría aun más un proyecto que debía estar listo desde finales de 2014.
Con el paso del tiempo los herbazales se apoderaron de la zona, mientras que los hoteleros piden pronta solución.
Necesitan con urgencia un espacio grande y apto en el que se puedan alojar las convenciones que tanto promocionan en el extranjero.
La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) entidad que estuvo a cargo de la licitación bajo la administración de Salomón Shamah espera ahora que en los próximos 15 días el contratista presente una propuesta de cesión de contrato.
Básicamente le va a anunciar al consorcio que retomará y culminará los trabajos.
Este grupo pasará por el tamiz del Estado que a través de la ATP comprobó ya que los trabajos hechos hasta finales del año pasado cumplían con el diseño original.
Gustavo Him, administrador de la ATP, indicó que entre las condiciones impuestas por el Gobierno está que el nuevo contratista asuma la obra por los mismos 193.7 millones de dólares por los cuales se licitó la construcción.
Significa que el grupo que entre al ruedo tendrá que asumir la obra descontando del monto total lo que hasta ahora se ha desembolsado.
Sin dar mayores detalles, Him comentó que el potencial constructor será un grupo integrado por una empresa panameña y otra extranjera. Y dejó claro que no se trata de la brasileña Norberto Odebrecht ni de la mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA).
Informalmente estas compañías habían mostrado interés en el proyecto, pero con la condición de incrementar el costo de la obra.
En el caso de Odebrecht, la brasileña habría propuesto 122 millones de dólares, por encima del monto pactado; mientras que ICA, unos 66 millones de dólares por arriba de lo estipulado en el contrato.
Esto implicaba que en manos de Odebrecht el nuevo anfiteatro terminaría costando 315 millones de dólares, y con la empresa mexicana unos 259 millones de dólares.
Estos precios de referencia superan la oferta presentada por ambas empresas en la licitación que perdieron frente a HPC-Contrata-P&V. En esa oportunidad ICA ofertó 148 millones de dólares y Odebrecht, 208 millones de dólares.
En agosto, el Gobierno inspeccionó los trabajos del anfiteatro y con la ayuda de técnicos puertorriqueños se determinó que el diseño de la obra se ajusta a las necesidades del país, y que no se requieren mayores cambios para terminar el proyecto, con un avance del 26%.
Mientras el Gobierno toma una decisión sobre el futuro de la obra, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos aprobó la solicitud formulada por la ATP de administrar el centro de convenciones Amador (antiguo Figali), con el objetivo de trasladar allí todos los eventos locales que generalmente se realizan en Atlapa.
“Necesitamos que Atlapa esté disponible para atender congresos y convenciones”, comentó Him.
Para el otro año, por ejemplo, se habían confirmado más de 100 congresos, algunos de ellos a desarrollarse en el nuevo centro de convenciones de Amador.
Hasta diciembre de 2014, el contratista había recibido poco más de 46 millones de dólares en “certificados de no objeción”.
Estos documentos demuestran el avance de los trabajos y se convierten en una garantía para recibir el desembolso por la construcción realizada.
HPC-Contrata-P&V obtuvo durante la pasada administración de Ricardo Martinelli un trato preferencial como contratista del Estado.
Recibió un préstamo por 22 millones de dólares de parte de la Caja de Ahorros, transacción criticada por el gobierno de Juan Carlos Varela, ya que a su juicio es contradictorio que un banco estatal provea los fondos de la construcción de un proyecto llave en mano en que el contratista debe financiar la obra, y el Estado cancela la deuda cuando recibe la infraestructura.
Cuando se conoció el resultado de la licitación del anfiteatro, sorprendió que HPC-Contrata-P&V fuera el vencedor del proyecto por encima de experimentadas empresas del ámbito local.
Más tarde se descubrieron los nexos de esta empresa con el llamado círculo de poder del expresidente Ricardo Martinelli.
La sociedad Constructora P&V, S.A., forma parte del consorcio HPC-Contratas-P&V. En la lista de sus dignatarios figuran Ricardo Ricky Calvo Latorraca, Mauricio Ortiz Quesada y Claudio Poma Murialdo.
Estos personajes fueron citados en una lista de empresarios a indagar por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, todos relacionados con el proceso penal que inició la Asamblea Nacional contra el hoy exmagistrado condenado a prisión Alejandro Moncada Luna.