El Gobierno adelanta una auditoría a los permisos de operación que otorgó la Junta de Control de Juegos (JCJ) durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli para la operación de máquinas tragamonedas tipo C en todo el país.
Entre 2009 y 2014, el número de máquinas tragamonedas tipo C aumentó de 2 mil a 7 mil en cantinas y restaurantes, muchos en zonas con alto nivel de pobreza.
El secretario de la JCJ, Eric Ríos, adelantó que hay investigaciones en proceso para auditar lo actuado por la pasada administración, pero no dio más detalles.
Las máquinas tragamonedas tipo C no tienen reglamentación y se desconoce cuánto mueven en apuestas. Cada equipo paga al Estado $150 por mes. El pasado gobierno cambió el límite de máquinas permitidas por local de 15 a 75.
BUSCA REDUCIR NÚMERO DE TRAGAMONEDAS
El Estado pasó de recibir 300 mil dólares mensuales en impuesto por la operación de las máquinas tragamonedas tipo C en 2008 a más de $1 millón en junio de 2014.
Este incremento demuestra lo floreciente que resultó este negocio durante la administración de Ricardo Martinelli, cuando el número de tragamonedas tipo C pasó de 2 mil a 7 mil equipos.
Solo hasta agosto de este año las arcas estatales recibieron $8.3 millones por la operación de estos equipos, mientras que el 2014 cerró con $11.6 millones.
A diferencia de los casinos completos y máquinas tipo A que informan al Estado el monto de las apuestas que reciben, además de transferir un porcentaje de sus ingresos brutos a la Junta de Control de Juegos (JCJ), los operadores de máquinas tipo C, unos 27 en la actualidad, solo pagan un impuesto mensual de 150 dólares por cada equipo.
Esta falta de regulación hace imposible cuantificar el monto de las apuestas que manejan estas máquinas. La brecha podría dar paso a malos manejos, incluso al lavado de dinero, de acuerdo con fuentes de la industria de juegos de azar.
Los mayores operadores de salas tragamonedas tipo C son: Tropicana Resort, con 9; la Siringa, 7; Royal Seven y A.B Entertainment Corp; con 6, cada una; y Top One Holdings y MIS Technologies, con 6 por igual. El resto tiene entre 1 y 4 salas.
La mayoría de estas compañías se formaron entre 2009 y 2013, y a muchas se les duplicó el número de equipos que manejaban durante el gobierno pasado.
Para regular estos equipos que se instalan en bares, cantinas y restaurantes, pero que se promocionan como casinos, en la comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional se discute el anteproyecto de ley 71, que busca limitar la cantidad de máquinas que se pueden instalar en un solo local, así como la distancia que debe haber entre cada sala de juego.
Antes de 2009, el límite era de 15 tragamonedas tipo C por establecimiento, pero la junta directiva de la JCJ, encabezada por el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima y la secretaria ejecutiva de la institución Giselle Brea, modificó la norma y subió el límite hasta 75 máquinas, es decir, 400% más. Este cambio ha permitido que se instalen salas exclusivas de máquinas tipo C debido a las oportunidades de crecimiento. La mayoría de estos locales se han instalado en zonas con altos índices de pobreza.
De acuerdo con estimaciones de la JCJ, en el país hay 587 locales donde operan estos equipos. De este total, 470 entran en la categoría de bares, cantinas y restaurantes. El resto se divide en 73 salas y 44 discotecas y jardines.
Solo en la provincia de Bocas del Toro hay 9 salas de tragamonedas tipo C, mientras que en Colón hay 5.
De Lima y Brea también facilitaron que en el juego participaran compañías con acciones al portador. Es decir, que no se conoce quiénes son los beneficiarios finales de la empresa.
Estos cambios, así como el incremento en el número de equipos y otras actuaciones del pasado gobierno son objeto de auditorías por parte de la actual administración.
Hay informaciones que apuntan al otorgamiento de forma irregular de chapas o seriales de tragamonedas que circularon en los últimos años de la pasada administración y que no pagaban los 150 dólares al Estado.
Eric Ríos, secretario de la JCJ, señaló que las chapas que no están en circulación se mantienen guardadas en las oficinas de la JCJ bajo la supervisión del secretario ejecutivo de la junta.
“Al momento de solicitar más chapas, el operador debe demostrar que tiene la capacidad financiera y solicitar autorización a la junta directiva de la institución”, indicó. Añadió que al momento de entregar las chapas se debe levantar un acta.
Con el anteproyecto que se encuentra en primer debate se busca elevar de 100 metros a 500 metros la distancia que debe haber entre cada sala de máquinas tragamonedas tipo C. Igual se busca obligar a los operadores de estos equipos a presentar la documentación de todos sus accionistas.
Antonio Alfaro, presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar de Panamá (Asaja), comentó que es importante que las máquinas tipo C estén bajo los parámetros del Decreto Ley Nº2 del 10 de febrero de 1998 que regula la actividad de los juegos de azar en el país.
“Esperamos que la JCJ apoye el anteproyecto 71, porque de lo contrario estos negocios continuarían sin cumplir con las leyes de blanqueo de capitales, declaración de accionistas, proveniencia de los fondos de inversión y estados financieros, entre otros puntos”, manifestó.
Al respecto, el secretario de la JCJ, Eric Ríos, dijo que el próximo año se instalará un sistema electrónico que permitirá conocer en tiempo real todas las apuestas que manejan los casinos, y las máquinas tragamonedas tipo A y C.
Ríos indicó que hay sectores que piden que el Gobierno retire todas las máquinas tipo C, tal como debió ocurrir en 2002, pero añade que esto abriría las puertas al juego clandestino que no pagaría impuestos al Estado y que sería difícil de combatir.
Cuatro grupos se interesan por el casino Veneto
Al menos cuatro grupos de inversionistas han presentado propuestas formales para comprar la operación del casino Veneto que está intervenido desde finales de abril pasado debido a la morosidad que registraba en el pago de impuestos al Estado, así como con acreedores privados.
Eric Ríos, secretario de la Junta de Control de Juegos (JCJ), comentó que la deuda del casino con el Estado es de 4 millones de dólares. En este monto están incluidos los pagos que debía hacer a la JCJ, a la Caja de Seguro Social y a la Dirección General de Ingresos.
Adicional, Silver Associate & Company, operador del casino, adeuda otros 50 millones de dólares a entidades financieras. El hotel Veneto fue construido en 2005 por los empresarios Alberto Btesh y Moisés Haski por un monto de 45 millones de dólares, pero dos años después fue adquirido por Silver Associate & Company en 60 millones de dólares.
Ríos indicó que los grupos interesados están sosteniendo reuniones con los acreedores del casino para encontrar una solución que permita mantener los 400 puestos de trabajos.
Comenta que el actual operador podría recuperar la administración del casino siempre y cuando cancele todas sus deudas.
