La Comisión Europea (CE) ha ideado un nuevo Plan de Acción fiscal que pretende evitar los abusos financieros a través de la erosión de las bases imponibles aplicadas a las empresas en los 28 Estados miembros y lucha contra la evasión fiscal.
Para ello ha elaborado una lista negra que incluye 30 paraísos fiscales, entre los que se encuentra Panamá, al ser considerado un país refugio para dinero de origen ilícito porque no contribuye —según sus parámetros— a la lucha contra el fraude.
Según los documentos publicados por el órgano de la Unión Europea (UE), esta lista podrá “utilizarse para cribar las jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal y desarrollar una estrategia común de la UE” con estas regulaciones.
Se trata de un proyecto —muy criticado por su falta de ambición— que trata de lavar la imagen de la institución, fuertemente denostada desde que saltó el escándalo en torno a su actual presidente, Jean-Claude Junker. Según las investigaciones, Junker orquestó durante 18 años acuerdos tributarios ventajosos y secretos para que más de 300 empresas multinacionales —como Apple, Amazon, Ikea, Burberry, Procter & Gamble o Deutsche Bank— pagaran menos impuestos en Luxemburgo mientras él estaba al frente del Gobierno.
Lo más curioso de esta lista —en lenguaje burocrático “lista paneuropea de jurisdicciones de terceros países no cooperativos en materia fiscal”— es que excluye precisamente a Luxemburgo, cuyas deficiencias en la reglamentación internacional permitieron a estas grandes empresas transferir a ese país sus beneficios a fin de que no fueran objeto de impuestos o fueran tasadas en menor medida.
Vanessa Mock, portavoz de la Comisión Europea para Tributación y Aduanas, señaló a este diario en un correo electrónico que la relación surge de las propias listas de los países miembros. “Es puramente una recopilación de lo que ya está allí. Esto fue discutido y acordado con los Estados miembros en diciembre de 2014. Esta fue también la fecha de corte cuando la información fue remitida a la Comisión. No ha habido ninguna evaluación o análisis de los países listados en la Unión Europea”.
Según la información publicada por la Comisión, Panamá estaría aún en la lista de 11 países, entre los que se encuentran España e Italia. No obstante, España excluyó a Panamá de su lista en enero de 2015 y existe un convenio para evitar la doble imposición entre los dos países. En el caso de Italia, también se firmó un convenio para evitar la doble tributación, pero está pendiente de ratificación por el país europeo.
En el comienzo de la pasada administración gubernamental, Panamá se marcó como meta salir de las listas de paraísos fiscales. Desde entonces, ha negociado convenios que incluyen cláusulas de intercambio de información con 30 países.
El Gobierno de Panamá está analizando las implicaciones de este nuevo señalamiento y la próxima semana se ha convocado a una reunión para definir la estrategia a seguir, comentó el asesor de Cancillería, Gian Castillero.
Aunque a priori se descarta un impacto económico en la forma de sanciones, Castillero señaló que “es terriblemente inconveniente la connotación negativa que conlleva que te listen como un país que está haciendo las cosas mal cuando realmente no es así”.
Por su parte, el abogado Adolfo Linares calificó la acción de la Unión Europea como “una violación flagrante del derecho internacional” y conminó al Gobierno panameño “a descalificar a todas las empresas europeas que mantienen contratos con el Gobierno, en especial Alstom (Francia) y FCC (España), que ganaron la línea 2 del Metro de Panamá”.