Comisión del Canal de Nicaragua nombra voceros para atender vecinos afectados

MANAGUA, Nicaragua (ACAN-EFE). -La Comisión del Gran Canal de Nicaragua aprobó hoy el nombramiento de cinco voceros locales para atender a los vecinos que habitan en los lugares donde está previsto pase la ruta de esa vía interoceánica y que se han manifestado en los últimos dos meses en contra de ese proyecto. Los voceros estarán ubicados en los municipios de Rivas, en la turística isla de Ometepe (en el Gran Lago de Nicaragua), San Miguelito, Nueva Guinea y Bluefields (Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS), dijo a Acan-Efe el portavoz de la Comisión del Gran Canal de Nicaragua, Telémaco Talavera. En esos lugares los vecinos han marchado por las calles en contra de ese proyecto canalero. "Ellos (voceros locales) van a atender a la población en las correspondientes Alcaldías dos días a la semana: martes y jueves, en horas de la tarde", hora local, indicó Talavera. La misión de los voceros locales será la de informar a la población sobre los avances del proyecto y recoger las inquietudes de los vecinos, explicó. Si las inquietudes requieren de la toma de decisión, las mismas serán canalizadas por la Comisión del Gran Canal "con el objetivo que haya una comunicación más fluida y permanente con la población de las localidades", señaló. Por su lado, el secretario ejecutivo de la Comisión del Gran Canal, Paul Oquist, dijo a medios oficiales que los voceros locales informarán a los vecinos sobre circulares y comunicados oficiales y, a la vez, recopilarán las inquietudes, sugerencias y "demandas de la población para que todos manejemos esa información". "Nuestro trabajo será informar a la población", dijo el vocero de Bluefields, Danilo Chang Cash. Los otros voceros son Yuridia Jarquín Suarez, en Nueva Guinea; Katherine Sequeria Vega, en San Miguelito; Pedro Danilo Morales, en Rivas; y Martín Álvarez Barrios, en la isla de Ometepe. Más de una decena de protestas se han realizado en los lugares donde está previsto pase la ruta canalera, principalmente porque la ley del canal obliga a los dueños a ceder sus terrenos a la concesionaria china HKND Group, sin garantizar un proceso de negociación ni precios satisfactorios. La Corte Suprema de Justicia debió pronunciarte sobre 32 recursos por inconstitucionalidad emitidos en contra de la ley del canal. Un grupo de juristas nicaragüenses y organizaciones de la sociedad civil presentaron la semana pasada ante la Asamblea Nacional una propuesta para derogar la ley del canal. La Comisión del Gran Canal culminó hace tres semanas un censo realizado donde está previsto construir la ruta del canal, con el fin de obtener información de las personas que serán desplazadas por el proyecto. HKND Group pretende construir en Nicaragua, en cinco años, a partir de diciembre próximo, un canal interoceánico más grande que el de Panamá, con dos puertos, un aeropuerto, un lago artificial, dos esclusas, un complejo turístico, zona de libre comercio, carreteras, y fábricas de acero y cemento. La ruta prevista del canal, de 278 kilómetros de longitud, atravesaría 105 kilómetros del Gran Lago de Nicaragua. El costo de la obra sería de 50 mil dólares, según los cálculos de la empresa, y crearía unos 5 mil empleos directos. Nicaragua otorgó a HKND Group la concesión para el canal por un período de 50 años más otros 50 prorrogables.