Su número ha ido aumentando con el paso de los años, al punto que hoy día no hay una estadística oficial que precise cuántos apartamentos particulares se ofrecen como hospedaje público en la ciudad capital.
Con el final del boom inmobiliario que vivió la ciudad capital entre 2009 y 2010, muchos apartamentos no se lograron vender, convirtiéndose en terreno fértil para el surgimiento de este negocio que también se registra en grandes ciudades como Nueva York.
Se estima que entre el 7% y 10% de los visitantes que llegan al país se está quedando en lugares no autorizados para ofrecer hospedaje. En promedio unos 160 mil turistas al mes llegan a Panamá, es decir que más de 9 mil visitantes no se están hospedando en hoteles.
En un intento de frenar este negocio en 2012 se estableció que todo arrendamiento por menos de 45 días que no tenga los permisos de hospedaje público sería considerado como ilegal.
El artículo 21 de la Ley 80 de 2012 establece multas de $5 mil hasta $50 mil, dependiendo de la gravedad de la falta, o si la persona es reincidente.
Estas multas también serán aplicadas a las personas y empresas que anuncien el alquiler de unidades sin contar con los permisos de hospedaje público.
A pesar de estas sanciones monetarias, este negocio continúa captando más clientes, ahora más con el desarrollo de aplicaciones diseñadas para celulares que permiten comparar precios de hoteles en todo el mundo.
Actualmente, estos hospedajes clandestinos se ofrecen en sitios especializados como www.expidia.com, y en internet se encuentran ofertas de 50 dólares diarios en zonas como San Francisco, Paitilla, Punta Pacífica y El Cangrejo.
Para lograr resultados concretos, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) entregó entre mayo y junio notificaciones a las personas que ofrecen estos hospedajes, y les concedió un periodo de 30 días para tramitar los permisos correspondientes.
Desde 2012 a la fecha la institución ha abierto 49 expedientes por hospedaje clandestino, en locales que no tenían los permisos para dedicarse a esta actividad.
Aunque el período de 30 días terminó a finales de agosto, la ATP concedió una prórroga de 30 días para que los interesados completen todo el trámite burocrático. Luego de este periodo se volverán a imponer las multas que establece la Ley 80.
Además de no pagar impuestos, los hoteleros señalan que estos hospedajes al margen de la ley, se convierten en un problema de seguridad ya que no hay registró de las personas que deciden rentar estos cuartos.
También indican que el resto de los propietarios son expuestos al permitirse la entrada de personas extrañas al complejo habitacional.
En las pesquisas que ha realizado la ATP se han detectado compañías que controlan pisos enteros en torres de apartamentos y que además de la habitación también ofrecen las áreas sociales, así como el servicio de conserje las 24 horas.