El máximo tribunal de justicia de Brasil rechazó una solicitud presentada por legisladores opositores para incluir a la presidenta Dilma Rousseff entre los investigados por el escandaloso fraude a la estatal Petrobras.
El ministro de la Corte Suprema a cargo de la "Operación Lava Jato" (lavadero de autos), Teori Zavascki, que develó el escándalo, no aceptó el pedido "por errores técnicos", informó hoy la asesoría de prensa de ese cuerpo colegiado.
La presentación había sido realizada por miembros del partido PPS (centro izquierda) y contó con el apoyo de figuras de otras agrupaciones, como el senador socialdemócrata Aecio Neves, derrotado por Rousseff en las elecciones de octubre pasado por un estrecho margen.
La megacausa de Petrobras investiga una confabulación empresaria y política que operó dentro de la petrolera estatal y giró ilegalmente unos 4 mil millones de dólares durante la última década. Esa trama tiene bajo investigación a 13 senadores, 22 diputados y 2 gobernadores, entre otros. Esta semana, la fiscalía general denunció formalmente a 27 personas, entre ellos al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) Joao Vaccari Neto, por los delitos de corrupción y lavado de dinero.
La acusación está siendo analizada por un juez en Curitiba (sur), que deberá decidir si inicia o no un proceso en su contra.
Rousseff está bajo fuego desde que comenzó su segundo mandato en enero, con varios frentes de tormenta simultáneos, entre ellos la crisis en Petrobras que puso el foco en la financiación presuntamente ilegal de su propio partido, y la economía que no logra dar señales positivas desde hace largo tiempo.
La Contraloría General de Brasil anunció hoy que ha instaurado sendos procesos administrativos contra seis empresas privadas sospechosas de haber participado en la vasta red de corrupción que se investiga en Petrobras. Con la decisión anunciada, sube a 18 el número de compañías privadas salpicadas por ese escándalo, por el cual también están bajo investigación 50 políticos, en su gran mayoría miembros de la base de apoyo al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
En caso de comprobarse su participación en las corruptelas, esas empresas pudieran sufrir fuertes sanciones pecuniarias e incluso ser impedidas de volver a trabajar con el Estado brasileño.
Según informó la Contraloría, las empresas incluidas en la nueva fase de la investigación anunciada hoy son Tome Engenharia, Egesa Engenharia, Carioca Christian Nielsen, Skanska Brasil, Eit Empresa Industrial Técnica y MPE Montagens.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la fiscalía, las empresas investigadas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban luego los precios y se repartían parte de esa diferencia con directivos de la estatal, al tiempo que otra parte era entregada a los políticos que amparaban esas maniobras.
Hasta ahora, la Contraloría ya había iniciado procesos similares contra otras 12 empresas privadas, entre las que figuran algunas de las más importantes firmas de Brasil, como las constructoras Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa, todas con una fuerte presencia internacional.