El Gobierno derogó la Ley 41 del 14 de junio de 2013, aprobada durante la administración de Ricardo Martinelli y que tenía como fin limitar la inversión extranjera en las empresas dedicadas a los servicios marítimos auxiliares.
La norma, que puso en riesgo las relaciones comerciales entre Panamá y el bloque de la Unión Europea (UE), fue anulada mediante la Ley 4 del 11 de febrero de 2015 publicada en la Gaceta Oficial 27720.
Como un caso poco usual, la Ley 41 fue aprobada por la Asamblea Nacional, sancionada por el entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli y promulgada en la Gaceta Oficial el mismo día, viernes 14 de junio de 2013.
Esta norma establecía que el 75% de las acciones de las empresas marítimas auxiliares dedicadas al servicio de barcazas y lanchas tenía que estar en manos de panameños.
Según los críticos de la administración pasada, la regulación fue aprobada para favorecer la operación de empresas de servicios marítimos vinculadas a colaboradores y familiares de Martinelli. Las quejas no se hicieron esperar, y el personal diplomático europeo reclamó varias veces por el bloqueo a la inversión extranjera.
Incluso antes de que se aprobara la ley, cientos de empresas extranjeras que solicitaban licencia para operar el servicio de lanchas y barcazas se quedaban esperando por meses y hasta años una respuesta de la AMP, entidad que entre 2009 y 2014 estuvo administrada por Roberto Linares. Las solicitudes de licencia se acumularon en la oficina de la Dirección de Legal de la AMP a cargo de Carlota Mattos. Los empresarios nunca obtuvieron una respuesta.
El 17 de julio de 2013 el comisario de Comercio de la Comisión Europea, Karel De Gucht, envió una nota al entonces ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, en la que advertía que la Ley 41 entraría en conflicto con los acuerdos internacionales firmados por Panamá con los Estados europeos, refiriéndose en concreto al Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central.
Pese a la advertencia, la legislación se mantuvo sin variación hasta que fue derogada en febrero pasado, tras el cambio de Gobierno.
Jorge Barakat, actual administrador de la AMP, dijo que dentro del plan de gobierno, la AMP desarrollará licitaciones transparentes en las que se permitirá la participación de cualquier empresa nacional o extranjera.
La entidad avanza en un estudio para determinar el modelo de negocio que se aplicará en Puerto Armuelles, Chiriquí, donde se pretende construir una terminal y un canal seco que conectaría el Atlántico con el Pacífico.
También se planea una licitación para un puerto multipropósito en Aguadulce, al igual que en el puerto de pesca de Vacamonte, cuyo contrato se vence en 2017.