Miguel Jurado, presidente de FCC Construcción, fue detenido en Madrid, España, como parte de la Operación Frontino, informan medios de ese país.
FCC Construcción ha desarrollado numerosos e importantes proyectos en Panamá: la Línea 1 del Metro de Panamá fue construida tanto por la brasileña Odebrecht como por FCC, a un coste aproximado de 2 mil 100 millones de dólares. Este consorcio también se ganó la licitación de la Línea 2 del sistema de transporte.
A su vez, la empresa española es la responsable de la construcción de la Ciudad de la Salud, que se ejecuta en el corregimiento de Ancón y en la actualidad es nulo el movimiento de obreros en este megaproyecto.
Otros proyectos relacionados a esta empresa en el país son: rehabilitación de la carretera Panamericana, trabajos en el puente de las Américas y el Centenario, construcción de la nueva sede del Tribunal Electoral, corredor vía Brasil (tramos 1 y 2), colectoras Costa del Este, acceso cauce del Pacífico en el Canal de Panamá.
Según los medios españoles, tanto directivos de las empresas Acciona como FCC se encuentran entre los detenidos en la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha desvelado un fraude –podría ascender a unos 27 millones de dólares– en contratos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
En total, 13 personas fueron detenidas; la operación comenzó la mañana del lunes 18 de enero de 2016.
Miguel Jurado fue nombrado, en septiembre de 2014, como nuevo presidente de FCC. Antes ocupó el puesto de director general de esta división, a la que entró en marzo de 2013.
Entre los cargos arrestados se encuentra también el director general de la empresa, Arcadio Mateo, y la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco.
De acuerdo con las investigaciones, Acuamed, la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, adjudicó a FCC las obras de descontaminación del pantano de Flix, Tarragona, una ciudad y municipio de España.
Se trata de una de las mayores obras de descontaminación de la historia de España con un coste final de 206 millones de dólares, reporta El Confidencial.
El contrato, ahora investigado por la Audiencia Nacional, ascendía a 179 millones de dólares, aunque la suma finalmente desembolsada por el Gobierno llegó a los 206 millones de dólares, la mayoría procedentes de fondos europeos.
En este caso, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco aprecia indicios de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y fraude a la administración, entre otros delitos.