Las fincas que forman parte del P.H. Ibiza Coronado, en medio de un proceso de remate por parte de la Caja de Ahorros, fueron secuestradas penalmente.
El Juzgado Undécimo de Circuito Penal del distrito de Panamá admitió la solicitud de secuestro por parte de la Fiscalía Séptima de Circuito, con la que se frena la venta de las propiedades.
La decisión se tomó el pasado 6 de enero, luego de que la fiscalía adujera sobre los perjuicios que se provocarían con la venta de los bienes.
De acuerdo con lo que explica la fiscalía, estas fincas fueron segregadas por el primer promotor del proyecto, Roberto Rollón, para luego ser transferidas a Rugiere Gálvez, cuando estaba al frente de R.G. Hotels.
Esta última empresa solicitó préstamos que totalizan $5 millones a la Caja de Ahorros, pagando solo $500 mil y ocasionando que el juzgado ejecutor de esta entidad crediticia ejerciera un embargo sobre las fincas en las que se levantaron áreas comunes.
Aceptando como garantía áreas comunes tanto en el P.H. Ibiza Coronado como en el Corona, la Caja de Ahorros aprobó los préstamos en abril de 2013.
El banco admitió como válidas las áreas sociales que los propietarios creían como suyas y que, según la ley de propiedad horizontal, son inalienables de forma independiente de sus bienes privativos.
Esto ocasionó que varios propietarios de apartamentos en el condohotel de Coronado interpusieran una querella por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio económico (estafa agravada), que es lo que ha generado el proceso de investigación por parte de la fiscalía, que desde diciembre de 2015 pidió el secuestro de las fincas en venta.
De acuerdo con la fiscal Aida Castro Galdeano, la venta de las fincas “prolongaría los efectos del delito de estafa investigado”, toda vez que abre la posibilidad de que las propiedades sean compradas por una tercera persona ajena a la causa penal, lo que dificultaría la solución del conflicto entre las partes y puede agravar las consecuencias de la conducta ilícita objeto de la querella. El secuestro penal implica ahora que se colocará una marginal en la escritura correspondiente a las propiedades en el Registro Público, impidiendo transacciones de cualquier naturaleza sobre ese bien.
Desde la fecha del embargo la Caja de Ahorros ha permitido el uso de las instalaciones del edificio, a pesar de los procesos legales en curso.
Sin embargo, las amenidades y servicios que prometía el llamado condohotel no están disponibles luego de los problemas financieros de R.G. Hotels, que terminaron con una solicitud de quiebra admitida y decretada por el juez Manuel de Jesús Corrales Hidalgo el 21 de octubre de 2015, pero con efecto retroactivo a partir del 31 de julio de 2012.
