Mientras que Panamá no contempla medidas que inhabiliten a empresas que han sido condenadas en el exterior por casos de corrupción, como Odebrecht; la Sala de Consulta del Consejo de Estado de Colombia recomendó este viernes, 1 de abril, aplicar este control, a raíz de los escándalos por supuestos sobornos que involucran a esta compañía. En tanto, la constructora anunció ayer 70 mil despidos y la venta de activos por más de $3 mil millones.
FIRMAS CONDENADAS, EN LA MIRA
A raíz de los escándalos internacionales por corrupción, Colombia podría inhabilitar o anular los contratos que mantiene con la constructora Norberto Odebrecht, que rondan los $2 mil millones.
Así lo consideró ayer la Sala de Consulta del Consejo de Estado, atendiendo a una petición del Ministerio de Transporte del pasado 6 agosto de 2015, en la que manifestaba su preocupación por las consecuencias que podrían suponer al erario público las investigaciones y condenas internacionales en las que están involucradas las firmas Hidalgo e Hidalgo y Odebrecht.
La sala resolvió que “están inhabilitadas para proponer y contratar con las entidades estatales colombianas las personas jurídicas de derecho privado, nacionales extranjeras, cuyo representante legal sea objeto de medida de aseguramiento en firme o de sentencia penal condenatoria ejecutoriada, dictada por autoridad judicial colombiana, por hechos u omisiones relacionados con su actividad contractual en relación con el Estado colombiano”.
De acuerdo con la resolución del Consejo de Estado, la inhabilitación aplicaría a personas naturales condenadas en el exterior por delitos contra la administración pública o soborno trasnacional a sociedades en las que dichas personas son socias (incluye sucursales), a sus matrices y a sus subordinadas. Tras el análisis del caso, el Consejo señaló además que deberán renunciar a las adjudicaciones aquellos proponentes que se encuentren inhabilitados en medio de licitaciones: “También deberán revocarse en el caso de que la inhabilidad se imponga en esa etapa, y si la inhabilidad se impone en la etapa de ejecución de los contratos deberán cederse a terceros”.
Caso diametralmente opuesto se dio en Panamá este jueves, cuando la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 305 que modifica la ley de contrataciones públicas. En ninguno de los 123 artículos aprobados por la comisión se contempla una limitante a aquellas empresas extranjeras que estén condenadas fuera del país a que hagan negocios con el Estado panameño.
Solo el año pasado, Odebrecht se adjudicó las licitaciones para la construcción de la línea 2 del Metro y la renovación urbana de Colón -en consorcio con la panameña Cusa. Ambos proyectos suman un total de más de $2.3 mil millones, equivalente a casi el 13% de las inversiones presupuestadas por el Gobierno para el quinquenio 2014-2019.
ESFUERZO INTERNACIONAL
En un documento de más de 100 páginas, el Consejo de Estado de Colombia basó su fallo en las leyes nacionales y en acuerdos y convenios internacionales en la lucha contra la corrupción.
Estos son la “Convención interamericana contra la corrupción” (1997), de la Organización de Estados Americanos (OEA); y la “Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción” (2004), de las Naciones Unidas (ONU).
Allí se establecen mecanismos para que los Estados puedan “anular o dejar sin efecto un contrato o revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva”, como lo establece el artículo 34 de la Convención de la ONU.
En el caso de Panamá, aun cuando el país está suscrito a estos mismos acuerdos, el proyecto presentado por el Órgano Ejecutivo para modificar la ley de contrataciones públicas solo contempla multas y certeza de castigo a las empresas que cometan algún delito y sean condenadas dentro del país.
De esta manera, queda la vía libre para que empresas como Odebrecht, condenada en su país, continúen negociando con el Estado panameño. Así será al menos hasta que se inicie la discusión del proyecto en segundo debate. El diputado Miguel Salas, quien preside dicha comisión, afirmó que la aprobación del proyecto de ley 305 podría darse antes de que finalice el mes de abril.