La Fiscalía Sexta Anticorrupción investiga cómo se avalaron préstamos con garantías riesgosas en la Caja de Ahorros (CA), y quiénes fueron los responsables de desembolsos millonarios durante la administración de Ricardo Martinelli.
Luego de que varios propietarios de un proyecto inmobiliario ubicado en playa Coronado presentaran una querella penal el mes pasado, para que se investigue la supuesta comisión de delito de corrupción de servidores públicos, peculado y abuso de autoridad, el Ministerio Público solicitó información al banco estatal. Las respuestas, de la actual administración, fueron certeras.
Para ser precisos, el 29 de mayo de 2015 llegó a la fiscalía un informe con nombres concretos. Los funcionarios Riccardo Francolini, presidente de la junta directiva del banco estatal, y los directores Ricardo Chanis, Ricardo Arango, Fernando Correa y Anastasio Ruiz participaron en el trámite para la constitución de dos préstamos comerciales, que suman $5 millones.
Esta información quedó indeleble en una acta de reunión de junta directiva celebrada el 12 de marzo de 2013 en la CA. En aquella reunión, y al momento de la aprobación del préstamo, estuvo presente Rodrigo Arosemena, subgerente general del banco y la excontralora Gioconda Torres de Bianchini.
La ley que rige la Contraloría General de la República establece que en toda “junta directiva, comité, consejo ejecutivo, consejo directivo y, en general, en toda corporación que tenga a su cargo la administración o el manejo de fondos o bienes públicos habrá un representante de la entidad designado por el contralor general, quien asistirá con derecho a voz en las sesiones que celebren tales organismos”.
Bianchini no designó a ninguno de sus subalternos. Fue personalmente a la reunión, lo que suele ocurrir cuando el contralor está interesado en un tema en particular.
El operador de dos condohoteles, R.G. Hotels, obtuvo los créditos de la CA y puso de garantías de pago fincas en las que se encuentran las áreas comunes de dos proyectos de playa.
Esto implicó que la CA aceptó un lobby, terrazas y áreas sociales como garantía para el financiamiento. Pero, tras incumplimientos en los pagos, el banco secuestró 14 fincas que en términos prácticos no le sirven de nada. ¿Quién querría el lobby de un edificio que no le pertenece?
El mayor problema es que el “banco de la familia panameña” aceptó como garantías áreas comunes que son patrimonio de todos los propietarios.Para los dueños de los apartamentos ubicados en Ibiza Playa Coronado y en Ibiza Playa Corona, se trata de un préstamo inusual y piden que se investigue a los funcionarios que aprobaron el financiamiento en la CA.
Los proyectos fueron desarrollados por Roberto Rollón García, empresario español que mostró cierta cercanía con el expresidente Martinelli, quien presentó en sociedad al hotel Ibiza de Corona en 2012.
Los préstamos otorgados por la CA fueron a favor de R.G. Hotels Inc., firma que de la mano de Rugiere Gálvez se convirtió en administradores de los dos edificios.
Los hilos del poder
Tras conocer el informe entregado a la fiscalía, este diario intentó contactar a todos los directivos mencionados en el expediente, pero solo Ruiz respondió las llamadas. Dijo que para ese momento ya no estaba en la directiva, aunque el acta de la reunión da cuenta de lo contrario.
Francolini y Chanis, exmiembros de la junta directiva del banco, fueron figuras cercanas al andamiaje empresarial del expresidente Martinelli. Gerente general de Epasa, casa editorial en la que Martinelli es accionista mayoritario, Chanis figuró como tesorero en el desarrollo inmobiliario playero Casamar cuando la sociedad era presidida por Ricardo Martinelli Linares, hijo del exmandatario.
Además, la empresa Traffic Safety logró un contrato exclusivo con el Estado en la cobranza de las infracciones vehiculares detectadas por cámaras de vigilancia. El acuerdo llevaba la firma de Chanis en representación de la empresa.
Francolini, por su parte, también estaba sentado en la directiva de Tocumen S.A., la empresa estatal que administra la terminal aérea más importante del país, y en la que se aprobaron millonarios contratos a favor de compañías vinculadas con Martinelli.
Correa, aunque en términos de organigrama estaría peldaños abajo de Chanis y Francolini, también ha sido clave para Martinelli. No solo estuvo en la directiva de la CA, sino que además se convirtió en uno de los rostros estelares de NexTV, televisora en la que Martinelli controla la mayoría de las acciones.
La actual administración de la CA, bajo la gerencia de Mario Rojas, pidió a la Contraloría General una auditoría forense general para identificar procesos irregulares en el otorgamiento de préstamos.
“Para garantizar el cumplimiento de sus objetivos de transparencia y legalidad, la actual administración de la CA ha solicitado a la Contraloría la realización de una auditoría forense, que facilite el proceso de identificación de irregularidades para posteriormente tomar las medidas y efectuar los correctivos pertinentes, con el propósito de proteger los intereses de la institución y fortalecer la confianza de sus clientes”, dijo la entidad a través de un comunicado emitido a mediados de mayo.
Este diario conoció que los auditores han encontrado varias irregularidades, aunque todavía no termina el proceso. El caso que involucra a los dos “condohoteles” podría dibujar un método de financiamiento recurrente: millonarios financiamientos en los que se aceptaron como garantías bienes con un ínfimo valor.