El Gobierno de Panamá considera que ha cumplido el plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para fortalecer el marco legal en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Este plan fue acordado entre el Gafi y el Gobierno de Panamá en junio de 2014, después de que una misión del Fondo Monetario Internacional detectara una serie de deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero, motivo por el cual Panamá ingresó en la lista gris del organismo internacional.
Desde entonces, el Ejecutivo ha promovido una serie de leyes para sacar al país de la lista, entre las que destaca la Ley 23 de 2015 para la prevención del blanqueo de capitales y sus respectivas reglamentaciones.
Dados estos avances, en la próxima reunión plenaria del Gafi, que se celebrará en octubre en París, Panamá va a solicitar que se efectúe una visita en sitio para que el organismo compruebe el cumplimiento del plan de acción, señaló ayer Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía y Finanzas, que espera recibir la vista a finales de este año.
Si la misión constata que efectivamente se ha cumplido a cabalidad con el plan de acción, el país estaría saliendo de la lista gris en la plenaria del Gafi de febrero de 2016.
Misión: supervisar a 60 mil sujetos
Una de las novedades que incorpora al ordenamiento panameño en la Ley 23 de 2015 es la creación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros. La entidad será responsable de verificar el cumplimiento del nuevo marco legal en los sectores no financieros de la economía, entre los cuales están la construcción, bienes raíces, zonas francas, casinos, casas de remesas y empeños, bolsas de diamantes y compañías de compraventa de autos.
El encargado de esta división, Francisco Bustamante, dijo ayer que en todos estos sectores hay alrededor de 60 mil sujetos o empresas que serán supervisadas.
Bustamante reconoció la dificultar de erradicar la evasión al 100% con un abanico de actores tan amplio, pero adelantó que cuando concluya un estudio que elabora el Gobierno junto al Banco Interamericano de Desarrollo sobre los riesgos de lavado se tendrá una herramienta eficaz para detectar las mayores vulnerabilidades y tratar de cerrar brechas para reducir los delitos.