SANTIAGO, Chile. (DPA).- Una docena de puertos chilenos paralizaron hoy sus actividades total o parcialmente en solidaridad con los trabajadores del puerto de Angamos, en el norte del país, que mantienen una huelga legal en demanda de mejoras salariales y del reconocimiento sindical de cientos de obreros tercerizados.
Unos 80 trabajadores portuarios de Angamos, que permanecen acampando en las afueras del puerto, amanecieron hoy custodiados por una veintena de vehículos policiales y centenares de efectivos uniformados.
Richard Orellana, presidente del Sindicato de Trabajadores Portuarios Unidos de Angamos, afirmó a dpa que "la situación ha sido tensa durante todo el día porque estamos sitiados por Carabineros", la policía uniformada chilena. "No dejan entrar ni salir gente del campamento", añadió.
Precisó que la demanda actual apunta a que se respeten los términos de la negociación colectiva, que incluye un aumento salarial, y que en el acuerdo se incluya a todos los socios del sindicato que representa y que agrupa a 400 empleados, tanto contratados por la empresa como tercerizados.
Según el relato de Orellana, la empresa Ultraport, del grupo Ultramar, propietaria del puerto, comenzó a enviar mensajes a los trabajadores movilizados, "amenazándolos con despidos si no se bajan de la huelga".
La paralización de Angamos y de otros once puertos del país frenó hoy el despacho de cobre y frutas frescas, lo cual provocará pérdidas millonarias, lamentaron los exportadores.
El presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile, Cristián Allendes, dijo que sólo en el puerto de San Antonio, en la zona central del país, la pérdida semanal es de entre 40 y 50 millones de dólares.
Por su parte, Ronald Bown, presidente de los Productores de Fruta, calificó la situación de "insostenible" y recordó que es la segunda huelga portuaria en nueve meses.
Bown demandó ayuda del gobierno para una pronta solución, pero el ministro del Interior, Andrés Chadwick, enfatizó que se trata de un problema entre los trabajadores y las empresas privadas que administran los puertos. Precisó que el gobierno sí actuará "para garantizar la libertad de trabajo, el acceso a los puertos y el orden público".
