La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Junta de Control de Juegos (JCJ) entregar a la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (Asaja) toda la información relacionada con las salas de máquinas tragamonedas tipo C.
El junio de 2014 la Asaja interpuso un recurso de hábeas data ante la Corte luego de que la exsecretaria de la JCJ, Giselle Brea se negara a revelar el nombre de las compañías que participan en esta actividad, sus respectivos accionistas y el número de máquinas que operaban en el país.
Antonio Alfaro, presidente de Asaja, indicó que volverán a solicitar la información a la JCJ, y adelantó que una vez se recopilen los datos denunciarán los contratos entregados ilegalmente en la pasada administración.
Entre noviembre de 2012 y marzo de 2014, Asaja envió 12 cartas a Brea solicitándole el nombre de las empresas que administran “salas tipo C”, que son aquellas que tienen máquinas tragamonedas donde la apuesta máxima es de 3 dólares y pagan premios que no superan los 200 dólares.
En una misiva fechada el 3 de junio de 2014, Brea remitió a Asaja un listado con el nombre de 23 empresas autorizadas para operar salas de máquinas tragamonedas tipo C, que combinadas controlaban 5 mil 690 equipos. Para Alfaro la información estaba incompleta, argumento aceptado por los magistrados de la Corte Suprema.
Antes de 2009 la información sobre los operadores de las salas tipo C era publicada en la página web de la institución, pero fue retirada bajo el pretexto de que sería actualizada. A la fecha no se ha vuelto a publicar el reporte.
El año pasado las salas tipo C pagaron a la JCJ impuestos por 11.6 millones de dólares, dos millones de dólares más en comparación con el año anterior.
La actual directiva de la JCJ revisa desde finales de 2014 el estado de las licencias de las salas tipo C y a la fecha se han cerrado 5 establecimientos por incumplir la norma que regula esta actividad.