La tercera línea de transmisión que construye la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) estaría lista en diciembre de 2016, unos cuatro meses más tarde de la fecha establecida en el contrato con la empresa constructora Odebrecht.
La construcción de la tercera línea de transmisión se comenzó cuatro años más tarde de lo establecido en el plan de expansión de Etesa, situación que no permitió que la energía que se necesitaba fuera transportada desde las plantas de generación en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas hasta los centros de consumo.
El pasado gobierno postergó la licitación para la tercera línea de 2009 a 2013, con lo cual el parque de generación creció a una mayor velocidad que la capacidad de la línea de transmisión o carretera para transportar la electricidad.
Se calcula que en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas hay unos mil 200 megavatios instalados, mientras que las 2 líneas de transmisión existentes solo tienen capacidad para transportar 800 megavatios.
El retraso, tanto en el inicio del proyecto como en el cumplimiento del cronograma establecido, no solo ha tenido efectos en el suministro de energía a la red. Ante la falta de infraestructura para transportar la energía, la estatal Etesa ha tenido que indemnizar a las hidroeléctricas que pierden la capacidad de vender su producción.
En 2014, los pagos por indemnización llegaron a $15.2 millones; en 2015, la cifra aumentó a $19.3 millones; y al finalizar 2016 se calcula un desembolso de $24 millones.
El atraso en el proyecto representará un gasto de $59.5 millones, la misma cantidad de dinero que se hubiera podido utilizar en la construcción de cuatro escuelas modelo como la construida en el sector de Las Garzas de Pacora, con un valor de $13.7 millones, y que tiene capacidad para atender a mil 500 estudiantes. AES y Enel Fortuna son las dos empresas que han recibido los pagos en concepto de indemnizaciones.
Tres meses antes de abandonar el poder, el pasado gobierno aprobó 2 resoluciones en las cuales establecía el pago de $122 millones para las generadoras eléctricas AES y Enel Fortuna, por las pérdidas que estas podían experimentar ante el retraso de la tercera línea.
Sin embargo, tras la llegada del actual Gobierno, este acuerdo fue objetado por Etesa y pidió a la Contraloría General que revisara el acuerdo hecho en el gobierno de Ricardo Martinelli.
En estos momentos, la construcción de la tercera línea tiene un avance de 82%. Un elemento fundamental para terminar la obra es completar la negociación con los propietarios de los terrenos por donde pasará la línea, desde Chiriquí hasta Panamá. El gerente de Etesa Iván Barría explicó que de los 900 predios que incluye el proyecto, desde Chiriquí hasta Panamá, ya se ha completado la negociación con unos 800.
“Si logramos completar toda la negociación en julio, el proyecto se podría terminar en diciembre, tal como está previsto”, añadió Barría.
Etesa debe tranzar con los propietarios de los terrenos por dónde pasa la línea de transmisión para indemnizarlos. En caso de que el dueño de la finca no esté de acuerdo con el pago, el expediente se remite a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
En el proceso también participa la Contraloría General de la República que debe refrendar cada uno de los pagos generados por Etesa.Barría dijo que prefiere lograr negociaciones que beneficien a ambas partes, en lugar de ir a un pleito legal.
A lo largo de la línea de transmisión se ocupa una franja de terreno de 40 metros de ancho que constituye la servidumbre de la obra. La línea pasa por el centro dejando 20 metros de ambos lados.
Además, se construyen la Subestación Veladero, ubicada en el poblado de Tolé, provincia de Chiriquí; la Subestación Llano Sánchez, ubicada en el corregimiento de Llano Sánchez, provincia de Coclé; la Subestación La Chorrera, ubicada en el corregimiento de El Coco, distrito de La Chorrera, y la Subestación Panamá, ubicada en la provincia de Panamá.
Aunque el terreno sea ocupado para el paso de la línea, los dueños de las fincas pueden usar el área para ganadería o siembra, pero no para construir viviendas.
Los terrenos donde no se ha logrado acuerdo se ubican entre Llano Sánchez, en Coclé, y Arraiján, en Panamá Oeste. Uno de los principales inconvenientes es alcanzar un acuerdo por el valor del terreno, ya que ha habido casos en los que el propietario alega que tenía programado un desarrollo inmobiliario en ese lugar.
En estos casos, Etesa solo reconoce el precio de la tierra como área urbanizada, si ya el proyecto tiene el sello de aprobación del Ministerio de Vivienda. De lo contrario, se paga al valor catastral.
