El lunes 4 de mayo entrará en vigor la reforma a la Ley 47 de 2013, que crea un régimen de custodia para las acciones al portador. La norma que introduce las modificaciones -la Ley 18 de 23 de abril de 2015- fue promulgada ayer en la Gaceta Oficial.
La principal novedad introducida en esta reforma es la reducción de los plazos para su implementación. Producto de las presiones internacionales para que Panamá mejorara la transparencia financiera, el gobierno de Ricardo Martinelli, con Frank De Lima como ministro de Economía y Finanzas, aprobó la inmovilización de las acciones al portador en 2013, pero introdujo dos artículos que impedirían la aplicación efectiva de la ley hasta 2018.
En primer lugar, el texto decía que entraría en vigor dos años después de su promulgación. Como la ley fue aprobada en agosto de 2013, esto no sucedería hasta agosto de este año. Además, se introdujo un periodo de transición de tres años para que las empresas con acciones ya emitidas al portador las entregaran a un custodio autorizado. Con la medida se aspira a conocer en todo momento quién es el beneficiario final de las acciones de una sociedad, quedando registrados los movimientos de estas.
La Ley 18 de 2015 reformula esos plazos: Lleva la entrada en vigor de la norma al próximo 4 de mayo y el término para que todas las empresas registren las acciones al portador al próximo 31 de diciembre. Luego de esa fecha, "los pactos sociales se considerarán enmendados por imperio de la ley prohibiendo la emisión de acciones al portador, salvo en aquellos casos en que la junta directiva o la asamblea de accionistas haya adoptado resolución aprobando que la sociedad se acoja al régimen de inmovilización de acciones establecido en la presente ley", dice la norma.
La iniciativa se enmarca dentro de las acciones que sigue el Gobierno de Panamá para reforzar el marco legal contra el lavado de dinero y promover la transparencia financiera. Estos avances serán revisados la próxima semana en una reunión cara a cara entre representantes de Panamá y del Grupo de Acción Financiera (Gafi). Producto de las debilidades detectadas en la lucha contra el lavado, el organismo incluyó a Panamá en una lista gris el pasado mes de junio. Desde entonces, los bancos que operan en Panamá han visto cómo se dificultaban las relaciones con sus corresponsales en Estados Unidos por la presión de los reguladores de ese país.
Además de la reforma al régimen de acciones al portador, el Gobierno también aprobó una ley para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Con estas iniciativas, que fueron pactadas previamente con el Gafi, Panamá aspira a salir de la lista el próximo mes de octubre, en la reunión plenaria que celebrará el organismo en París.