Repsol presenta demanda de arbitraje por expropiación de YPF

Repsol presenta demanda de arbitraje por expropiación de YPF
Repsol presenta demanda de arbitraje por expropiación de YPF

MADRID, España. (EFE).- La petrolera Repsol presentó hoy ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi) la demanda por la confiscación del 51% de YPF con el fin de que Argentina le pague una compensación por lo que la firma española considera un "expolio".

En un comunicado remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), Repsol recuerda que ya ha transcurrido el plazo de seis meses desde que se notificó la controversia a Argentina por violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Argentina en 1991.

La petrolera asegura que concretará las reparaciones y compensaciones a reclamar en los escritos de alegaciones que presentará en el Ciadi una vez que éste proceda al registro de la demanda y se constituya el tribunal de arbitraje.

Fuentes de la compañía indicaron a Efe que la presentación de esta demanda no excluye la posibilidad de negociar directamente con el gobierno argentino y recordaron que las partes pueden poner fin al conflicto en cualquier momento en caso de alcanzar un acuerdo.

"Vamos a agotar todas las vías", insistieron esas fuentes.

Repsol envió el pasado mes de mayo una carta a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la que declaraba la existencia de la controversia entre la compañía y el Estado argentino, primer paso para llevar el caso ante el Ciadi, la principal institución en materia de diferencias relativas a inversiones internacionales.

Según el acuerdo mutuo de protección de inversiones, el plazo para resolver discrepancias antes de presentar formalmente la demanda es de 18 meses, pero Repsol entiende que es de seis, en virtud de una cláusula que le permite acogerse al plazo menor que figure en los tratados similares que Argentina ha firmado con otros países.

La compañía española aspira a que se declare ilícita la actuación de Argentina y se le condene, bien a restaurar la situación, bien a indemnizar a la compañía por los daños y perjuicios ocasionados.

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