El proyecto de soterramiento de cables en el área de Obarrio registra un escaso nivel de avance pasados más de dos años desde que se entregó la orden de proceder.
Los trabajos comenzaron en 2013 con el propósito de mejorar la confiabilidad de los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones y de mejorar el ambiente urbano, saturado con una gran cantidad de postes y cables aéreos. No obstante, las autoridades reconocen que el avance y la ejecución de la obra no ha sido el deseado hasta el momento.
Raisa Banfield
Vicealcaldesa de Panamá
Raisa Banfield, vicealcaldesa de la capital desde julio de 2014, dijo a este diario que “cuando llegamos recibimos las quejas de los residentes de Obarrio. Nos dimos cuenta de que había muchas cosas pasando y nadie coordinando. El Municipio no había tenido ninguna participación en la toma de decisión ni estaba fiscalizando el proceso. Se violaron normas de seguridad, de tránsito, medidas básicas... No se hacían los anuncios a la comunidad”.
El Municipio tomó entonces la iniciativa de reunir a todas las instituciones involucradas en el proyecto y a las empresas encargadas de administrarlo. Se creó un comité del que forman parte el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Policía Nacional y el propio Municipio de Panamá.
Las autoridades han exigido a las empresas responsables del proyecto que hagan las correcciones pertinentes y que hasta que eso no suceda no se permitirá avanzar con las siguientes fases. “A lo largo de estos meses, con mucha dificultad, se ha logrado estabilizar el proceso”, afirmó.
El proyecto fue adjudicado por la Asep a las empresas Gas Natural Fenosa, distribuidora de la electricidad en la zona, y a la Compañía para el Soterramiento de Cables S.A., que a su vez subcontrataron a la constructora Semi para hacer la obra civil.
La Prensa buscó en varias ocasiones la versión de Gas Natural Fenosa sobre la situación de los trabajos, pero la empresa optó por no responder.
El proyecto se paga a través de la tarifa eléctrica que costean todos los clientes y con una tasa aprobada en 2012 a los servicios de telecomunicaciones.
La obra consiste en la construcción de infraestructuras subterráneas por las que pasarán los nuevos cables eléctricos y de telecomunicaciones, que tendrán ductos independientes.
La Asep tiene la responsabilidad de fiscalizar el contrato y hacer los pagos a las empresas, comentó Banfield, pero también se involucra al MOP en la parte de la obra civil y finalmente los trabajos los recibe el Municipio.
La gran cantidad de actores implicados, tanto por el lado de las instituciones como de las empresas, “hace que se complique el escenario. Son muchos responsables y esto hace ineficaz la ejecución y la fiscalización”, comentó la vicealcaldesa, que propone que para futuros desarrollos similares debería ser el Municipio la entidad que coordine al resto. "Es la primera experiencia y ha sido muy lamentable el proceso. Eso nos debe enseñar que esa no es la forma de concebir un contrato para los siguientes soterramientos”, puntualizó.
Cuando las empresas cumplan con las exigencias de las autoridades en la primera fase del proyecto —desde vía Brasil hasta la altura del hotel Sortis—, se autorizarán los trabajos para las otras dos fases, que comprenden una zona más crítica por la gran cantidad de cables que hay. Algunos postes sostienen hasta 53 cables.
“Por la avenida Samuel Lewis pasa el 80% del tráfico de telecomunicaciones. Esa calle es las más crítica. Si hacemos una afectación estamos hablando de miles de millones de dólares. En la zona hay cuatro centros de procesamiento de datos. Es por eso que hay que hacer bien el trabajo, no rápido”, explicó Ernesto Díaz, subdirector Nacional de Telecomunicaciones de la Asep, que al igual que Banfield comentó que las empresas no habían cumplido a cabalidad con las normas comunitarias.
Díaz reconoció que el avance del proyecto es lento. De hecho, para la obra civil se estimaba en 2013 un periodo de ejecución de tres años, que se completarían el próximo ejercicio, pero todavía no se ha culminado la primera etapa. Señaló que hay cuadras que no se han podido entregar por la ejecución de desarrollos inmobiliarios. “Si en una manzana coincide que va un centro comercial o un hotel, nosotros hacemos la infraestructura, pero la parte superficial, lo que se refiere principalmente al ornato, se hace temporalmente hasta que termina el desarrollo”.
También se le ha dado prioridad a otras actuaciones del Gobierno, como el Metro de Panamá y el Saneamiento de la Bahía, que coinciden con el proyecto de soterramiento en algunos puntos, comentó.
Dadas las circunstancias, las nuevas estimaciones para completar el proyecto en todo el polígono —conformado por Vía España, Federico Boyd, Calle 50 y Vía Brasil— se van hasta 2018.
Hacia el futuro, las autoridades municipales tienen la intención de extender el proyecto a zonas como Bella Vista y San Francisco, que son áreas de gran crecimiento y con mucha contaminación visual. Pero desde la Alcaldía defienden que ellos deben liderar los proyectos y coordinar al resto de las instituciones.
También está previsto llevar el proyecto de soterramiento al interior del país. Este año se licitarán los trabajos en calles de David, Chiriquí, y Santiago de Veraguas. En la ciudad de Colón, también contemplada en el plan, ya se hicieron los primeros trabajos de soterramiento en el proyecto Corredor de Colón.