La primera ministra británica, Theresa May, abrió este martes la puerta a que el Parlamento, de mayoría proeuropea, examine y discuta la salida de la Unión Europea (UE), pero insistió que sin votar.
Ante el creciente malestar de muchos diputados, incluyendo de su Partido Conservador, por el misterio y el rumbo del Brexit, May dijo que el Parlamento podrá "discutir, debatir y cuestionar" asuntos relacionados con las negociaciones, pero se negó a hablar de una votación, tal y como le había preguntado la diputada laborista Angela Eagle.
Más tarde, la portavoz de la primera ministra insistió en que será el gobierno el que decida cuándo invocar el Artículo 50 del Tratado europeo de Lisboa, puerta de salida de la UE, y que el Parlamento no podrá "malograr la voluntad del pueblo británico" o dañar la estrategia negociadora del gobierno.
May hizo estas declaraciones en la sesión de control semanal de la Cámara de los Comunes, un día antes de que llegue a los tribunales la demanda de ciudadanos que reclaman que el Parlamento tenga la última palabra sobre la salida y que el referéndum del 23 de junio fue meramente "consultivo".
"El Parlamento nos llevó a la Unión Europea y solo el Parlamento puede sacarnos de ella", argumentó el abogado John Halford, del bufete Bindmans, uno de los defensores de la demanda.
El temor a un divorcio puro y duro con la Unión Europea, que dejaría al Reino Unido sin acceso al mercado único por su anhelo de controlar la inmigración, se ha extendido entre los partidos de la oposición.
Jeremy Corbyn preguntó a May si la permanencia en el mercado europeo era innegociable, a lo que la primera ministra respondió que el líder laborista "no parece entender cómo será el futuro".
El apoyo de May a la consulta parlamentaria se concretó al dar permiso a sus diputados -habían amenazado con rebelarse- para votar a favor de una moción laborista reclamando "escrutar apropiadamente" la estrategia del gobierno.
La primera ministra añadió una enmienda que aclara que tal proceso de escrutinio debe respetar el resultado del referéndum del 23 de junio, y "no socavar la posición negociadora del gobierno".