Mientras la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) toma una posición definitiva sobre la legalidad de Uber en Panamá, representantes de la empresa plantean la necesidad de crear una reglamentación que ampare la prestación de este nuevo servicio de transporte.
Luis De Uriarte, director de Comunicación de Uber en México y Centroamérica, dijo en una entrevista con este diario que “no somos ilegales, lo que pasa es que no hay regulación para el tipo de transporte específico, ya que la innovación tecnológica siempre es más rápida que la reglamentación”.
La empresa mostró su disposición a colaborar con las autoridades y con todos los actores del sistema para confeccionar ese nuevo marco regulatorio.
“Estamos buscando un acercamiento con la ATTT. Estamos abiertos a explicar las características que hacen de Uber un servicio distinto a los existentes. Vinimos a Panamá a generar empleo, a ofrecer un servicio de transporte seguro, confiable y eficiente”.
Los servicios de Uber se pueden utilizar en Panamá desde hace año y medio, siendo la capital istmeña la primera de Centroamérica en recibir a esta empresa que tiene presencia prácticamente en todo el mundo.
Uber ofrece una plataforma digital, que se descarga en los teléfonos celulares inteligentes y pone en contacto a personas que requieren un servicio de transporte con choferes. Así, cualquier persona que descargue la aplicación y tenga tarjeta de crédito podrá utilizar el transporte y cualquier persona que cumpla determinados requisitos puede ofrecer su vehículo como medio de transporte.
En Panamá, la ATTT mantiene la posición de que la operación de Uber no encaja en el ordenamiento legal vigente, recordó Ulises Calvo, asesor legal de la institución. Esto es porque para poner a circular un taxi -en el país hay alrededor de 46 mil- se requiere un certificado de operación que emite la ATTT y que asignan una serie de prestatarias, esquema que crea barreras de acceso a esta actividad y es, para algunos analistas, uno de los motivos del mal servicio que se presta en la ciudad.
Quienes están dentro del negocio actualmente ven en la llegada de Uber una amenaza y ya han anunciado medidas legales contra la empresa. En el fondo, el modelo de Uber propone la liberalización total de un servicio regulado y relativamente cerrado. Es la receta perfecta para generar una polémica.
Además de la ATTT, hay otras instituciones de gobierno que también están atentas a la evolución de Uber, como el Ministerio de Comercio e Industrias y la Dirección General de Ingresos. Esta última dependencia envió recientemente a sus inspectores a una feria de empleo organizada por Uber en Panamá para verificar que la empresa cumpliera con todas las obligaciones tributarias. Por el momento se desconoce el resultado del operativo. Consultado sobre si la empresa siente que las actuaciones de algunas autoridades sean un tipo de persecución, el vocero de Uber dijo que “las autoridades fiscales están en su derecho de hacer sus indagatorias. Pasa en todos lados. Uber está facilitando la información requerida”.
Lo que sucede en Panamá es apenas un capítulo de una batalla que la empresa libra en todo el mundo, con resultados muy dispares. En Francia, por ejemplo, las autoridades han prohibido la actividad de la empresa o de algunas de sus aplicaciones. En el país europeo hasta detuvieron a los máximos representantes de la compañía.
En Río de Janeiro, Brasil, donde el servicio estaba prohibido por una ley municipal, ayer un tribunal autorizó el funcionamiento de la aplicación de transporte. La magistrada Mónica Ribeiro Teixeira, del Tribunal de Justicia de Río, ordenó imponer multas de $13 mil 300 a las autoridades que impidan trabajar a los conductores de Uber, según EFE.
Uriarte recuerda que en 60 jurisdicciones de Estados Unidos, de donde es originaria la compañía, se ha reglamentado el servicio y se habla de comunidades de redes de transporte.
En la región, la ciudad de México, la primera capital latinoamericana a la que llegó Uber, se aprobó una regulación hace apenas dos meses que permite que operen estos sistemas de transporte, pero además se introdujeron mejoras en las condiciones de los taxistas. Como resultado de esta regulación, un 1.5% del costo de cada viaje que se hace a través de las aplicaciones se destina a un fondo para mejorar la movilidad a través de proyectos de transporte alternativo, como ciclovías, espacios para peatones y también para renovar la flota de taxis.
Así funciona Uber
La empresa exige a los choferes -a los que denomina socios conductores- que cumplan una serie de requisitos para garantizar un nivel de servicio.
Tienen que presentar una carta de antecedentes penales, exámenes toxicológicos y entregar documentación para comprobar que el vehículo está en regla y tiene sus seguros al día. El vehículo tiene que ser del año 2008 o más nuevo para poder trabajar con Uber.
Superados esos requisitos, Uber facilita la aplicación a los conductores y estos la activan y salen a trabajar cuando consideran. No hay una relación contractual de patrón y empleado. Uber cobra el 20% de lo que factura el conductor, y este se queda con el 80% restante. El número de horas que trabaja queda a discreción del chofer. De hecho, buena parte de los conductores de Uber tiene esta actividad como segunda fuente de ingresos.
Por su parte, el usuario puede descargar la aplicación en su dispositivo móvil, desde la que hará el pedido del servicio y podrá verificar en qué lugar se encuentra el vehículo que le va a transportar. Dependiendo del tipo de auto que escoja, la tarifa varía. En cualquier caso, suele ser considerablemente más cara que los taxis tradicionales, pero una parte de la población está dispuesta a pagar más a cambio de un mejor servicio. El pago se hace a través de medios electrónicos, de manera que se evita que los conductores lleven sumas de efectivo.
Otra de las diferencias con el taxi tradicional es que el cliente y el conductor se califican mutuamente y la empresa se reserva el derecho de suspender a quienes tengan malos reportes de manera continuada. Esto hace que unos y otros tengan motivos para comportarse de manera adecuada como miembros de una nueva comunidad de transporte.
