La administración del Canal de Panamá incluyó en el presupuesto de inversión para el año fiscal 2023, la adquisición de 2 mil 361 hectáreas de terreno al Estado por un valor de $22.2 el metro cuadrado o $550 millones, según los avalúos preliminares.
Se trata del proyecto de “consolidación de áreas, protección de las fuentes de agua y conservación del medio ambiente en zonas aledañas al Canal”, explicó el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, durante la sustentación del presupuesto en la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Para el año fiscal 2023 el presupuesto de la ACP asciende a $4,652.9 millones, con una proyección de aportes al Tesoro Nacional por $2,544.6 millones, el más alto hasta la fecha.
Vásquez dijo que la iniciativa de adquirir los terrenos al Estado responde a la necesidad de prevenir posibles focos de amenaza ambiental y garantizar el desarrollo integral y sustentable de las áreas.
“Se ha considerado que para efecto de protección ambiental el Canal de Panamá tiene que tener la propiedad para poder invertir en el sitio porque la norma no le permite al Canal invertir en activos de terceros, aunque sean del Estado”, afirmó Vásquez.
Se pretende que para poder aumentar los programas de sostenibilidad que hay en la cuenca del Canal, la ACP debe ser propietaria y poner centros de capacitación, además de mejorar la infraestructura en ese segmento de la cuenca.
Señaló que en imágenes aéreas se puede observar el impacto del deterioro de la calidad ambiental que hay desde 1997 a 2020: “es significativa, y el tema del agua en estos momentos es crítico”.
Según lo planteado en el proyecto de presupuesto del Canal, para el año fiscal 2022 se tenía programado la contratación de los servicios de avalúos privados, con el fin de validar el valor de mercado de estos terrenos.
Del total de las tierras que adquirirá la ACP, 570 hectáreas, están en Sherman; 146 hectáreas, en Telfers; 1,611 hectáreas, en Peñas Blancas y La Arenosa; y 15 hectáreas, en Morgan Gardens-Corosal. Se trata de lotes que están en la ribera oeste del Canal, que incluyen parte de la costa abajo de Colón; y parte de Panamá Oeste, que colinda con la operación de la vía acuática.
El tema generó inquietud entre los diputados de la comisión de presupuesto, principalmente las diputadas Yanibel Abrego y Marylín Vallarino, de los circuitos de Panamá Oeste, donde hay moradores que residen en áreas revertidas o de la cuenca del Canal.
El administrador explicó que si hay personas que están viviendo en terrenos del Estado, la ACP no tiene ningún plan de mover población de áreas habitadas, es decir, a las personas se les respetará el lugar donde están pero advirtió que sí se tendrán “reglas para la sostenibilidad ambiental y para ello se necesita educación”.
Como parte del proyecto el Canal podría dar servicios de agua potable, construir infraestructura, enseñarle a las personas cómo cosechar mejor productos agrícolas y cómo subsistir. Recordó que con los habitantes que ya están dentro de la cuenca del Canal, a la ACP le ha costado por lo menos 10 años enseñarles a la sostenibilidad. Vásquez reveló que se han gastado cerca de $18 millones en programas de educación ambiental a residentes dentro de la cuenca. Los insumos agrícolas que se le entregan a los moradores de esas zonas son gratis y la cosecha de la producción agrícola es de ellos, dijo.
De acuerdo con las proyecciones del administrador Vásquez, se pretende continuar con esta misma política y “lo que hay es que producir oportunidades de trabajo”.
El primer debate al proyecto de ley 880 de presupuesto del Canal comenzó ayer miércoles con la lectura del documento y posterior sustentación del administrador. Luego hicieron uso de la palabra cuatro diputados. Se declaró un receso para continuar hoy.
