Una propuesta que modifica la Ley 45 de 2007, que dicta normas de protección al consumidor y defensa de la competencia, será presentada próximamente ante la Asamblea Nacional.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) adelantó que ya presentó el borrador al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
La norma, que cumplirá 15 años de su promulgación, requiere “ser actualizada debido a varios cambios y las nuevas necesidades de los consumidores”, indicó la entidad.
Según Acodeco, los cambios implican lo siguiente: modernización tecnológica en los trámites, la agilización en los procesos administrativos, reforzar la capacidad de autogestión con la ejecución de programas destinados a la promoción, divulgación y capacitación en materia de libre competencia y protección al consumidor, entre otros.
Uno de los puntos importantes, señala la entidad, es la creación de la Dirección Nacional de Verificación y Metrología, que se encargará de investigar, decidir y multar las conductas prohibidas por la ley, “sancionando de manera inmediata a través de una boleta única recurrible, con sanciones que van desde la amonestación verbal hasta un monto de 25 mil dólares”.
El administrador general de Acodeco, Jorge Quintero Quirós, indicó que “los cambios buscan darle celeridad a las etapas procesales, simplificando los procesos para que los consumidores tengan una respuesta más rápida a sus quejas. Igualmente sancionar de forma inmediata a los agentes económicos en temas puntuales como productos vencidos y deteriorados, sin necesidad de llenar un acta”.
También se incluye la facultad para que la Acodeco emita “opinión vinculante” con respecto a la regulación de precios, así como la agilización de los procedimientos administrativos para disminuir los tiempos de respuesta a los consumidores.
Otra de las modificaciones es proteger la inversión inmobiliaria de los consumidores, “dado que es una de las actividades que presenta mayor cantidad de quejas y esto se lograría con la creación de mecanismos de control, que garanticen al consumidor la recuperación de las sumas abonadas”.
En materia de libre competencia, las reformas implicarían la obligación para las empresas de reportar las concentraciones económicas y el aumento en las sanciones por incurrir en prácticas monopolísticas, sobrepasando el millón de dólares.
El Mici deberá afinar el documento y presentaron ante la Asamblea.
