Diversas agrupaciones de trabajadores y comunidades vinculadas a la empresa Cobre Panamá marcharon este domingo 22 de junio en las calles de Penonomé, haciendo un llamado al Gobierno Nacional para ser incluidos en los procesos de diálogo sobre el futuro de la actividad minera en el país.
En conversaciones con La Prensa, Michael Camacho, directivo del sindicato Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa), afirmó que creen en una minería responsable y fiscalizada, y expresó su preocupación por la falta de acercamientos formales por parte del actual Gobierno, así como de la administración anterior.
“Ni siquiera el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) se ha acercado a las comunidades o al sitio de trabajo para dialogar con nosotros”, señaló.
Bajo esa misma premisa, Eliecer Fernández, del Comité Cívico de Líderes de Bases Comunitarias, reiteró que no han tenido comunicación con el Ejecutivo.
“Ni el presidente ni los ministros han venido, pese a que lo hemos solicitado. Hemos entregado cartas en la Presidencia, hablado con la presidenta de la Asamblea, con líderes religiosos y universitarios, pero no hemos tenido una respuesta clara del Gobierno”, denunció, mientras afirmó que más de 50 comunidades ubicadas alrededor del proyecto minero han sido impactadas negativamente por el cierre, afectando la economía local y la calidad de vida.
“En mi comunidad había 40 personas trabajando, ahora solo quedan cinco. Muchos jóvenes se endeudaron para construir sus casas o comprar autos, y ahora no tienen cómo responder”, expresó Fernández.
Por su parte, Camacho enfatizó que los manifestantes no están “en defensa del contrato minero ni de la empresa operadora, sino de las plazas de empleo que representan el sustento para cientos de familias panameñas”.
Indicó que, tras la paralización de operaciones en octubre de 2023 por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre la empresa y el Gobierno, Cobre Panamá ha recortado aproximadamente el 80% de su personal, reduciendo la plantilla de más de 6,000 trabajadores a cerca de 1,200.
El sindicato también expresó su inquietud por la falta de información sobre el “Plan de Preservación y Gestión Segura” de la mina. “No hemos sido informados oficialmente sobre su contenido ni sobre los términos de la negociación con la empresa”, advirtió.
Camacho aseguró que respeta las leyes y el punto de vista de quienes se oponen a la minería, pero insistió en la necesidad de retomar un diálogo abierto e inclusivo. “Lo que estamos pidiendo es reactivación económica y respeto a los empleos panameños”, subrayó.
La movilización fue organizada por el sindicato Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa), el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Construcción y Similares (Sindicop), la Asociación de Proveedores de la Industria Minera (Apimpa), el Comité Cívico de Comunidades Vecinas y extrabajadores.
