La Unidad de Análisis Financiero (UAF) registró un total de 3,137 reportes de operaciones sospechosas en Panamá en 2023, una cifra que es 37.60% menor que los 5,028 casos recibidos en 2022.
El año pasado, de los 3,137 casos de operaciones sospechosas, 1,519 fueron de transacciones en bancos; 1,247, en envió o recepción de dinero de remesas; 104, de emisores de medios de pago y dinero electrónico; 40 operaciones, por venta de automóviles y 37, por financieras.
También se reportaron operaciones sospechosas por abogados, 28, por juegos de azar; 32, por cooperativas; 12, por bienes raíces y 14, por fiduciarias.
Además, según los datos de la UAF también hubo operaciones sospechosas relacionadas con el mercado de valores (24), la Lotería Nacional de Beneficencia (27 reportes) y 9, en el sector seguros, entre otras.
Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, dijo a La Prensa, que los bancos están obligados a reportar ante la UAF todas las operaciones inusuales y sospechosas que detecten en el sistema. Incluso a tomar medidas como el cierre de cuentas luego de evaluar si existe riesgo de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otras irregularidades que pueden ser penalizadas y en las que incluso puede recaer responsabilidad en los oficiales de cumplimiento y del banco si no se previenen.
“La decisión de cerrar una cuenta bancaria es una decisión que se toma con mucha dificultad, hay que pensar que los bancos necesitan tener cuentas abiertas de sus clientes para poder existir y poder tomar el dinero de sus clientes y prestarlo, ese es el negocio, la intermediación. De modo tal que llegar a la decisión de cerrar una cuenta bancaria es una decisión que se toma de una manera muy sopesada”, dijo Berguido.
Explicó que hay muchas razones para cerrar una cuenta, una de ellas puede ser comercial, que un cliente haya dejado de pagar o mantenga saldos muy bajos a los establecidos. Otra de las razones es cuando una persona no cumple con las leyes.
“Las otras decisiones de cierre de cuentas obedecen más bien a la obligación de cumplir con las leyes, cumplir con las leyes que están diseñadas para evitar que el sistema financiero sea objeto de abuso por parte de algunos clientes. A partir de 1990 y 1991, después de la dictadura militar, cuando se modificó el Código Penal panameño para tipificar como delito por primera vez el blanqueo de capitales, en esa época el blanqueo de capitales se enfocó mucho en el dinero que provenía de la actividad de narcotráfico, del tráfico ilícito de drogas y se pensó que una manera de combatir y prevenir esto era cortando el acceso al sistema financiero”, explicó.
Berguido indicó que los bancos se esmeran en conocer a su cliente, en hacer monitoreo constante de las operaciones. Dijo que se han añadido a la lista de delitos temas que tienen que ver no solo con el blanqueo de capitales, también con temas de delitos ecológicos, evasión tributaria, el tráfico ilegal, entre otros.
“Los bancos tienen una obligación de cuidarse a sí mismos para prevenir que las cuentas sean usadas para la comisión de delitos, y para lograr eso, siguen las normas de la Superintendencia de Bancos de Panamá, que consisten en una larga lista de señales de alerta, básicamente son como luces amarillas o luces rojas cuando un cliente realiza una transacción o va a abrir una cuenta bancaria o a realizar una transacción, si esa operación está fuera del perfil del cliente, el banco pide que justifique, que sustente la operación , si no se puede sustentar muchas veces bloquea la transacción, o no abre la cuenta o incluso si tiene cuenta se decide cerrar”, detalló.
En noviembre el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) denunció que sus cuentas bancarias habían sido cerradas en la Caja de Ahorros y este año indicó que acudieron a más de 10 bancos y ninguno quiere abrirle cuentas a este grupo sindical.
Y pese a que tienen cuentas en otros bancos, les han indicado que no pueden depositar, lo que ha imposibilitado que puedan ingresar los recursos provenientes de las cuotas sindicales pagadas por los empleadores de los trabajadores adscritos a esa organización sindical.
La Superintendencia de Bancos indicó en su momento que la Caja de Ahorro habría detectado algo inusual en la cuenta y que la decisión obedecía al criterio del banco. Por su parte la Caja de Ahorro también señaló en noviembre que actuaba conforme a la ley.
“De conformidad con la regulación bancaria y las normativas, que nos rigen, nos encontramos supeditados a mantener la reserva y confidencialidad”,
El presidente de la ABP, Carlos Berguido, aunque no quiso referirse directamente al caso particular de Suntracs, dijo que los bancos pueden tomar decisiones sobre sus clientes y cada institución se reserva su derecho.
Reiteró que para un banco es una decisión difícil cerrar una cuenta porque su razón de ser es mantener a los clientes y generar más intermediación financiera.
Igualmente reafirmó que si un cliente no puede sustentar sus ingresos, se cierra la cuenta, y además, se envía un reporte de operación sospechosa a la UAF, organismo que luego de revisar decide si inicia o no un proceso judicial sobre los casos reportados.
