Panamá enfrenta nuevos desafíos para fortalecer su competitividad fiscal, atraer inversiones y cumplir con los estándares internacionales de transparencia tributaria, tras la aprobación de la Ley 526 de Sustancia Económica y su salida del Anexo I, conocido como lista negra de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea.

Aunque el país pasó al Anexo II, de seguimiento cooperativo, todavía tiene pendientes evaluaciones relacionadas con el intercambio de información fiscal y la supervisión del Registro Único de Beneficiarios Finales.

Uno de los retos será la aplicación de la Ley de Sustancia Económica que entrará en vigencia en enero de 2027, por la cual las empresas multinacionales e internacionales tienen que comprobar que efectivamente tienen presencia en el país con oficinas, empleados y actividades reales.

Las empresas sujetas a la Ley 526 de Sustancia Económica que no cumplan con los requisitos establecidos a partir del período fiscal 2027 podrán perder el tratamiento de exención sobre determinadas rentas pasivas obtenidas en el extranjero y deberán pagar un impuesto del 15% sobre la renta neta gravable. Además, podrían enfrentar multas, recargos e intereses.

Además, en 2027 el país debe enfrentar una evaluación del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE, organismo que analizará la capacidad de Panamá para intercambiar información tributaria a requerimiento de otros países.

El objetivo es que Panamá mejore su calificación actual de “parcialmente cumplidor” a “ampliamente cumplidor”, requisito fundamental para que la Unión Europea considere retirarlo definitivamente del Anexo II, conocido como lista gris de seguimiento fiscal.

¿Qué debe evaluar el Foro Global?

1

Registros contables: verificar que las sociedades panameñas mantengan información contable disponible, actualizada y accesible para las autoridades tributarias.

2

Beneficiarios finales: comprobar que las autoridades puedan identificar a las personas naturales que realmente poseen o controlan las sociedades y otras estructuras jurídicas.

3

Acceso e intercambio de información: evaluar si las autoridades panameñas pueden obtener la información solicitada y compartirla efectivamente con las administraciones tributarias extranjeras.

4

Plazos de respuesta: verificar la capacidad de Panamá para atender los requerimientos internacionales dentro del plazo de referencia de 90 días.

Estos temas serán el centro del debate del III Congreso de Tributación Internacional IFA 2026, que se celebrará el 18 y 19 de noviembre, con la participación de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección General de Ingresos (DGI), la Superintendencia de Bancos y especialistas de distintos países.

Expertos nacionales e internacionales tratarán la implementación de las exigencias de sustancia económica, la simplificación tributaria, los precios de transferencia y el futuro de Panamá como centro financiero internacional.

El encuentro contará con la participación de Jay K. Rosengard, profesor de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, quien dictará la conferencia magistral “Del cumplimiento a la legitimidad: el nuevo contrato fiscal internacional”.

El especialista analizará el impacto de los estándares tributarios internacionales, así como las implicaciones de las excepciones otorgadas a multinacionales estadounidenses.

Gerardo Herrera-Martínez, presidente de IFA Capítulo Panamá, destacó que el país tiene la oportunidad de participar en el debate internacional “no solo como receptor de estándares, sino como actor técnico con voz propia en el escenario regional”.

Uno de los principales conversatorios reunirá a Pedro Luis Rodríguez, del Banco Mundial; Marcio Verdi, secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT); Fausto Fernández, viceministro de Finanzas de Panamá, e Ignacio Gepp, de IFA Global.

Los especialistas discutirán si Panamá debe continuar adaptándose a las exigencias tributarias externas o asumir un papel de mayor liderazgo regional. El congreso también abordará la expansión de la red de convenios fiscales panameños y las prioridades tributarias para la próxima década.