Faltando menos de dos años para que culmine la gestión gubernamental de Laurentino Cortizo, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) espera en 12 sesiones de trabajo o una reunión semanal durante tres meses aproximadamente, hacer una revisión integral de la Ley 57 de Marina Mercante del 6 de agosto de 2008.
Los cambios que resulten consensuados deben ir posteriormente a la Asamblea Nacional para su debate.
Esta es una de las acciones de última hora que se ha planteado la AMP para tratar de salvar el registro de buques que Panamá lidera desde 1993 y que podría perderse en el corto plazo debido al rápido crecimiento del tonelaje registrado que han tenido Liberia e Islas Marshall.
Tras una reunión ayer con representantes del sector, la AMP informó que para este 2022 se espera tener la revisión completa y una norma actualizada que brinde respuestas a los clientes, que se ajuste al mercado internacional “para que el Registro pueda competir en condiciones de igualdad con otros registros no estatales que presentan opciones innovadoras a los armadores”.
Se ha propuesto que entre los cambios se considere la modernización, simplificación de los procesos, aplicación de tecnología y uso de la firma electrónica calificada, entre otros.
Para esta revisión a la Ley 57, la AMP ha convocado a distintos gremios del sector, entre ellos a la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, el Colegio Nacional de Abogados, la Asociación de Armadores Panameños, las Organizaciones Reconocidas y la Cámara Marítima de Panamá. Igualmente, a la Autoridad de los Recursos Acuáticos, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Registro Público de Panamá.
