La Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá (API), que preside José Antonio Díaz, señaló que como gremio respetarán los acuerdos celebrados con los inquilinos morosos, pero advirtió que los arrendatarios deben asumir responsabilidades porque los alquileres “no fueron condonados”.
El Ejecutivo promulgó, el pasado viernes en la Gaceta Oficial, el decreto 30 del 27 de septiembre de 2022, que deroga los decretos 145, del 1 de mayo de 2020; el decreto ejecutivo 314, del 7 de agosto de 2020; y el decreto ejecutivo 411, del 31 de diciembre de 2020, relacionados a medidas adoptadas por la pandemia sobre los arrendamientos, procesos de lanzamientos y desalojos.
Estas disposiciones fueron adoptadas por el Gobierno tras la declaración de la pandemia de la covid-19 en marzo de 2020, cuando se produjo una evidente afectación en la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles particulares destinados para habitación, establecimientos comerciales, uso profesional, actividades comerciales y docentes.
Como consecuencia de la paralización de la economía y el cierre de decenas de empresas, la morosidad en alquileres alcanzó hasta un 45%, pero luego con la reactivación se fue normalizando. Díaz dijo que con base al sondeo que realizaron hace unos meses entre los afiliados a la API existía una morosidad de aproximadamente el 30%.
El decreto que lleva la firma del presidente Laurentino Cortizo y del ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Rogelio Paredes, justifica la derogación de las medidas sobre arrendamientos, lanzamientos y desalojos, luego de la mejoría económica y sanitaria que registra el país, por la reapertura escalonada de la economía y la reactivación de los contratos de trabajo.
El Ejecutivo resolvió mantener vigentes “los acuerdos firmados entre el arrendador y el arrendatario, por conflictos originados sobre los cánones de arrendamientos dejados de pagar como producto de la aplicación de las medidas y disposiciones establecidas”, y que fueron registrados en la Dirección General de Arrendamiento del Miviot, “hasta que concluya el periodo pactado entre las partes”. En el Miviot hay registrados más de 4 mil acuerdos firmados entre arrendatarios y arrendadores.
Díaz dijo que no solo respetarán los acuerdos registrados en el Miviot, sino también aquellos que se hicieron entre las partes y que no fueron reportados a la institución.
