La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) no aprobó un traslado de partida por $800,000 que solicitó el Ministerio de Seguridad Pública para pagar indemnizaciones laborales, luego de que algunos diputados detectaran que uno de los funcionarios beneficiados sería el actual ministro Frank Ábrego.
Las indemnizaciones laborales corresponden a personal que laboró en el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) entre los años 2014 y 2015. Ábrego dirigió esa entidad, en aquella época.
El ministro defendió su derecho a recibir la indemnización laboral, asegurando que se trata de un beneficio amparado por la Ley 241 del 13 de octubre de 2021, que reconoce el pago de la prima de antiguedad a servidores públicos.
Ábrego aseguró que, si recibe la plata, la donará al Hogar San José, un orfanato en Panamá Oeste.
El traslado de partida fue sustentado por el viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, en la sesión de la Comisión de Presupuesto que se celebró el pasado jueves 3 de abril. En la información que aportó Icaza a los diputados comisionados no se identifica a los 223 exfuncionarios del Senafront que serían indemnizados con esos fondos.
Cuestionado por los diputados, el viceministro admitió que a Ábrego le tocaban $47,000.
El diputado de la coalición Vamos, Roberto Zúñiga, afirmó a La Prensa que Icaza no pudo precisar por qué el ministro recibiría esa cantidad.
Como ciudadano reitero mi compromiso con la transparencia y hago un llamado a evitar la desinformación.
— Frank Abrego (@frankabregom) April 4, 2025
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El debate estuvo marcado por la confrontación entre los diputados Carlos “Tito” Afú, de Cambio Democrático (CD); Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Osman Gómez, de Alianza.
Gómez cuestionó la forma en que se destinan los fondos públicos y denunció la existencia de un sistema de privilegios dentro de la Fuerza Pública, en el que comisionados y subcomisionados jubilados continúan recibiendo altos salarios.
“Yo he venido criticando y diciendo cómo es que le estamos pagando a comisionados que tienen ley especial, que ganan $10,000, y algunos son nombrados y siguen ganando ese salario adicional”, sostuvo el diputado.
Gómez también señaló la contradicción entre la crisis del sistema de pensiones y la facilidad con la que se aprueban fondos para altos oficiales retirados. “La [reforma a la] Caja de Seguro Social la aprobamos porque estamos en problemas, que no hay plata para pagarle a los jubilados y pensionados, pero al mismo tiempo tenemos una fuga de gastos y nadie dice nada”, cuestionó.
Pero Afú se molestó por los los cuestionamientos y defendió la legalidad del traslado de fondos.
“No estoy de acuerdo con los diputados ni con el amigo Osman ni con ningún diputado, porque para poder hacer lo que quieren tenemos que eliminar la ley”, expresó.
Ante esto, Buchanan aclaró que no estaba dispuesto a respaldar decisiones presupuestarias que, según él, siguen favoreciendo a las altas jerarquías de la fuerza pública.
“Yo puedo ser nuevo aquí, Tito, y tú eres mi amigo, pero tú eres diputado igual que yo... Siempre es la tropa la que paga, mientras que los oficiales, comisionados y subcomisionados son los que se ven beneficiados”, expresó Buchanan, quien rechazó el traslado de fondos porque no aportan ningún beneficio a las condiciones laborales de quienes arriesgan su vida en las calles.
“La tropa no tiene botas, no tiene uniforme, no se les trata de la mejor manera. Pero los oficiales sí se acomodan y viven tranquilos”, reclamó Buchanan.
El traslado de partida finalmente fue suspendido, con ocho votos a favor y cuatro en contra.
Sin embargo, si fue aprobado un traslado de $2.07 millones para pagar el seguro de 25 aeronaves del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y adquirir un motor PNPT para una avioneta Cessna Caravan 208.
Además, los diputados autorizaron un crédito adicional de $386,484 para completar los trabajos de adecuación de la Escuela de Oficiales Doctor Justo Arosemena.
