El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) anunció que en los próximos días desembolsarán $20 millones para reducir la deuda de $90 millones que tiene el Estado con desarrolladores inmobiliarios y constructores en concepto del programa social del Fondo Solidario de Vivienda.
El titular del Miviot, Rogelio Paredes, indicó que esta semana este despacho recibió los recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se ordenó reembolsar los fondos al sector privado. El dinero es para incentivar la construcción de viviendas que no superen los $70 mil destinado a familias con ingresos mensuales inferiores a $2 mil. Se usa para el abono inicial o el enganche de la primera vivienda y el monto es de $10 mil por vivienda.
En 2022 el Miviot aportó por subsidio del Fondo Solidario de Vivienda 9.43 millones de dólares. El informe de Cuenta General del Tesoro del Ministerio e Economía y Finanzas (MEF) señala que por concepto de este subsidio se atendió en 2022 a 2,824 familias residentes en diferentes puntos del país para la compra de la primera vivienda.
En específico se registraron en el Fondo Solidario de Vivienda unas 90 inmobiliarias que desarrollan proyectos de interés social y se aprobaron 7,587 bonos para soluciones inscritas al programa.
Elisa Suárez, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Viviendas (Convivienda), había alertado que de continuar con los retrasos en los pagos del Fondo Solidario de Vivienda, un porcentaje de unidades habitacionales en el segmento de entre $40 mil y $70 mil se dejarían de construir.
Datos de Convivienda indican que del total de las viviendas que se colocan en el mercado en ventas, 82% tienen cobertura bajo la Ley de Interés Preferencial hasta un costo de $180 mil por unidad. Y de ese 82% de viviendas, el 11.3% son del segmento del Fondo Solidario de Vivienda.
