El destino del Banco Hipotecario Nacional (BHN) será el de un Fondo de Vivienda Nacional adscrito al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, mientras que la cartera de crédito será transferida a la Caja de Ahorro. Así lo propone el proyecto de ley 662 presentado esta semana por el ministro Jaime Jované en la comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional.
El documento plantea que el proceso de cierre de este banco comenzará con la promulgación de la ley y no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2027.
La propuesta establece que las funciones relacionadas con el diseño de políticas, subsidios, programas de vivienda de interés social, planificación y desarrollo de proyectos pasarán al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
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Adjuntos
8546.pdfEn paralelo, las competencias de financiamiento hipotecario, administración crediticia y estructuración de productos financieros serían transferidas a la Caja de Ahorros.
La Caja de Ahorros también asumiría la cartera de productos hipotecarios y financieros del BHN mediante un régimen especial aprobado por su junta directiva.
El proyecto aclara que esta operación no constituirá una fusión bancaria.
Andrés Farrugia, gerente general de la Caja de Ahorro, dijo esta semana en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que la cartera del Banco Hipotecario Nacional ascendía a $250 millones, y el 94% presenta algún nivel de morosidad, es decir, que no están al día con los pagos.
“Cuando nosotros hicimos los análisis de cerca de $250 millones de la cartera, se tenía una morosidad de 94%. O sea, todo. Yo estoy manejando una cartera de 4.2% de morosidad, pero de repente me plantean la absorción de una que tiene 94%; ahí no hay nada que sirva”, reveló Farrugia.
Sin embargo, los directivos del Banco Hipotecario hablan de $153 millones de mora, en donde se encuentran viviendas entregadas hace 15 a 20 años y cuyos créditos no fueron formalizados.
A su vez, dijo que gran parte de esos créditos no tienen información digitalizada por lo que el proceso de transición será complejo.
Farrugia sostuvo que incluso el Banco Hipotecario Nacional entregaba las viviendas sin documentos ni formalización en el propio banco. “Quién va a ir a formalizar después de que tenían las llaves”, dijo sobre la dificultad para recuperar los créditos otorgados.
Por su parte, Alberto Ortega Maltés, gerente actual del Banco Hipotecario Nacional, acudió también el pasado 17 de agosto a la Comisión de Presupuesto a sustentar la partida de ingresos y gastos de esa entidad financiera.
Pese al proceso de cierre planteado para el Banco Hipotecario Nacional, se tienen contemplados $5 millones para sus operaciones para el 2027, monto que representa un recorte de 51.7% con contraste con los $10.3 millones que recibió en 2026.
Ortega Maltés había solicitado para el año 2027 $12.93 millones, pero el presupuesto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, fue de solo $5 millones, lo que supone una reducción de $7.93 millones, equivalente al 61.3% frente a lo solicitado. Casi la totalidad del monto recomendado, $4.99 millones, se concentra en servicios personales.
El banco tiene 167 trabajadores actualmente, de los cuales 155 están en la ciudad de Panamá.
“Tenemos un camino a seguir para un posible cierre al 31 de diciembre del 2027. En ese cierre ordenado, debemos tener los recursos necesarios”, dijo el gerente del banco al justiricar la solicitud de recursos para operar.
“Tomando en cuenta que los clientes del banco son personas de escasos recursos, estamos haciendo las reestructuraciones de las deudas adaptadas a las necesidades, porque el desalojo no está planteado” insistió el gerente del BHN ante los cuestionamientos de los diputados.
Aunque aclaró que se verifica que los ocupantes sean los beneficiarios originales para formalizar las viviendas. Si no lo son, podrían ser desalojados por invasión.
El proyecto de ley que ordena el cierre del banco, también crea la Dirección del Fondo de Vivienda Nacional, adscrita al Miviot, para manejar subsidios, créditos y programas de vivienda social. También establece un Régimen de Colaboración Público-Privada Habitacional para construir viviendas de interés social destinadas a venta o alquiler.
