Banesco Holding Latinoamérica y su filial local Banesco Panamá presentaron el pasado 8 de septiembre una solicitud de arbitraje contra la República de Panamá ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias (Ciadi) relativas a inversiones, una dependencia ligada al Banco Mundial.
El motivo del arbitraje es por la “indebida” ejecución de las fianzas de cumplimiento de una serie de obras de infraestructura, según recogió el diario El País, para lo que citan supuestas violaciones de Panamá al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones.
El monto reclamado no ha sido revelado todavía.
De acuerdo a las fuentes consultadas por El País, el reclamo surge por la supuesta ejecución “extemporánea” de fianzas por parte de entidades como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Ministerio de Educación (Meduca), entre otras. “Esas entidades no supervisaron sus obras a tiempo, ni activaron sus mecanismos de reclamación frente a los obligados principales, y después de cinco años han exigido coberturas vencidas”, reseñó el medio.
Banesco está representada en el proceso por la firma Clifford Chance, con sede en Madrid, España, mientras que por Panamá debe responder el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El número asignado al caso es ARB/23/41. El Ciadi todavía debe decidir si admite o no el reclamo.
Ni el MEF ni Banesco Panamá se han pronunciado sobre el proceso aún. El MEF indicó que tomaría su tiempo “por la implicaciones que puede tener una respuesta del Mef”.
El 16 de noviembre de 2019, la Asociación Panameña de Aseguradoras (Apadea), anunció que había enviado una carta al ministro del MEF, Héctor Alexander, en la que advertía que el Gobierno estaba ejecutando fianzas de cumplimiento y fianzas de anticipo de contratos públicos que en algunos casos llevaban años vencidos.
Dicho de otro modo, los contratos y las fianzas vencieron y durante su vigencia no hubo ninguna reclamación por parte de la entidad contratante.
La Apadea no precisó en qué proyectos y entidades específicos había ocurrido esta anomalía, pero al menos seis aseguradoras habrían pasado por estas situaciones.
Lea aquí la nota 'Aseguradoras denuncian falta de seguridad jurídica'
Las aseguradoras se negaron a pagar esas fianzas y la respuesta de las autoridades fue recurrir a la jurisdicción coactiva por parte de la Dirección General de Ingresos y de jueces ejecutores de las propias entidades, lo que se traduce en que las aseguradoras tienen cuentas bancarias secuestradas y no pueden disponer de ellas, denunció Amílcar Córdoba, presidente de Apadea en aquella época.
