La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá volvió a insistir en los factores que están saboteando la llegada de inversión extranjera directa (IED) al país, producto de la pérdida de confianza por el intervencionismo del Estado y la extralimitación de los funcionarios.
“Hoy, es cada vez más constante la opinión de que hacer negocios en Panamá está crecientemente impactado por la burocracia, la discrecionalidad gubernamental y regulaciones sin sustento técnico”, indicó la presidenta del gremio, Marcela Galindo, en el habitual comunicado dominical que emite el organismo.
Los empresarios se han manifestado en contra de un margen bruto máximo de comercialización para algunos productos, tales como alimentos, artículos de aseo personal y de limpieza, como parte de las decisiones de la denominada mesa única de diálogo que tiene el Ejecutivo con grupos sociales, y en la que no participó el sector privado en la toma de dicha decisión.
Ayer, domingo, la Cámara de Comercio enfatizó que el actual clima para hacer negocios está llevando a empresarios nacionales e internacionales a abandonar la idea de realizar nuevas inversiones o, peor aún, reducir o relocalizar sus operaciones.
El flujo de IED se recuperó en el primer trimestre del año, en medio de una mejora generalizada de la actividad, tras un parón provocado por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, no es suficiente para regresar a los niveles de IED previos a la pandemia.
Entre enero y marzo, el flujo de inversión al país fue de $716.1 millones, cifra que representa un aumento de 203.3% cuando se compara con los $236.1 millones del mismo periodo del año anterior.
Pero las cifras se quedan cortas cuando se comparan con los primeros trimestres de 2019 y 2020, cuando el flujo de IED fue de $1,128 millones y $1,028, respectivamente.
“En momentos en que el país necesita generar la mayor cantidad de plazas de empleos posibles, resulta inverosímil escuchar que miles de puestos de trabajo se ponen en riesgo producto de incertidumbres generadas ante acciones o inacciones de las autoridades nacionales. Un síntoma evidente de esto es la tendencia a trasladar al Estado actividades propias del sector privado, con el único resultado de empeorar el problema que se plantea solucionar”, indicó Galindo.
