La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) cuestionó las iniciativas legislativas que buscan regular la relación entre escuelas privadas y los padres familia en medio de la pandemia de la Covid-19.
En su mensaje semanal, la Cciap, advierte que estos proyectos de ley ponen en riesgo la actividad de los centros educativos particulares y podrían llevar a una migración de estudiantes hacia el sector público.
“En este contexto y en los tiempos que vivimos, resulta inoportuno y contraproducente considerar proyectos de ley que ponen en riesgo esta sostenibilidad y no toman en cuenta las inversiones necesarias para brindar la calidad de educación que requiere el estudiante”.
La Cámara de Comercio recuerda que las iniciativas particulares de educación tienen como finalidad esencial ofrecer enseñanza de calidad, pero que para poder cumplir con esta promesa de valor deben lograr una sostenibilidad que les permita la continuidad de sus servicios y la mejora permanente de la educación.
La reacción del gremio empresarial se da luego que esta semana la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional arrancó el debate para analizar seis proyectos de ley inherentes a la enseñanza.
Una de las propuestas que más debate está generando es la que establece que las escuelas y universidades particulares apliquen un descuento en los costos dependiendo de la modalidad de enseñanza que ofrezcan.
“Es lamentable que, por el contrario, estas iniciativas no aborden las necesidades estructurales del sistema educativo oficial que se han planteado por años y que la pandemia dejó al desnudo; entre ellas la deficiente infraestructura, conectividad, acceso y sobre todo la calidad educativa que deja mucho que desear”, plantea la Cciap.
La Cámara de Comercio reitera la necesidad urgente de reactivar y generar nuevas plazas de empleos y de paso rechaza nuevos cierres para que se regrese de forma sostenible a las actividades diarias.
“Reiteramos que el Estado debe ofrecer apoyo económico a los padres de familia de estudiantes que presenten la necesidad de estos recursos dada la disminución de los ingresos, la suspensión de los contratos o la falta de empleo; en vez de considerar fórmulas que coartan la libertad de enseñanza y emprendimiento particular”.
Desde que la pandemia llegó al país en marzo de 2020, el sector educativo se vio obligado a continuar con el proceso enseñanza-aprendizaje de forma virtual y a distancia.
