A dos días que culmine el mes que otorgó el Gobierno a la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, para concretar la firma del nuevo contrato que garantice la continuidad de la extracción de cobre, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Ciap) pidió a las dos partes buscar un acuerdo ganar-ganar.
El gremio presidido por Marcela Galindo De Obarrio señala que es necesario que el nuevo acuerdo garantice los ingresos justos para el Estado panameño, pero que al mismo tiempo garantice la seguridad jurídica para la compañía.
A través del Ministerio de Comercio e Industrias, el Ejecutivo señaló que a pesar que en enero pasado se alcanzó un acuerdo, las negociaciones se mantiene estancadas con Minera Panamá para firmar un nuevo contrato donde se implementará el pago de regalías basado en las ganancias brutas y no en las ventas brutas como se estableció en 1997.
Con el nuevo cálculo se dejaría de utilizar el 2% sobre las ventas brutas para pasar a pago de regalías que oscilaría entre el 12% y 16% sobre las ganancias brutas.
Cuando culminaron las negociaciones hace 11 meses se indicó que Minera Panamá había aceptado pagar como mínimo 375 millones de dólares al año, regalía que incluiría el porcentaje sobre las ganancias y el pago de impuestos que hasta la fecha no están contemplados en los pagos que ha realizado la empresa al Estado y que hasta finales de 2021 sumaron 59.8 millones de dólares desde el segundo semestre de 2019 cuando se inició la operación comercial del proyecto ubicado en Donoso, provincia de Colón.
A través de su mensaje semanal la Cámara de Comercio indica que “los últimos comunicados del Gobierno dejan más preguntas que respuestas sobre el futuro del proyecto, y las consecuencias tanto económicas como reputacionales que podría afrontar el país en caso de cumplirse la fecha límite sin haber llegado a un acuerdo”.
La preocupación del gremio es justifica después que el Gobierno advirtió a la filial de la minera canadiense que de no firmar el nuevo contrato a más tardar el 14 de diciembre, tomaría acciones alternas para continuar con la operación del proyecto minero que entre enero y septiembre de 2022 generó 2 mil 285 millones de dólares en ventas, cifra que se ubica en un 2% por debajo de las registradas en igual periodo de 2021.
Aunque el Gobierno de Juan Carlos Varela concedió una prórroga al contrato hasta 2037, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato firmado en 2017.
De no lograrse un acuerdo el gremio empresarial advierte que se corre el riesgo de aniquilar una actividad y añade que está en juego no solo la inversión que el propio Estado promovió, sino el futuro de una actividad económica que, bien desarrollada, puede ser instrumental para los panameños.
