La crisis que vive el país a raíz del contrato minero ha generado pérdidas millonarias a la industria turística, daños en la cadena agrícola del país que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la población, y se han conculcado derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación y el libre tránsito.
Ante este panorama la Cámara Panameña de Turismo (Camtur), envió una carta abierta al Presidente de la República, Laurentino Cortizo, a quien le exigieron que haga valer la Constitución y la Ley y manifestaron su preocupación por la pasividad del poder Ejecutivo cuando el país está en una crisis sin precedentes.
“Le recordamos que la Constitución le impone a usted el deber de asegurar la vida, honra y bienes de los panameños, así como el derecho inalienable a la libre circulación de todos los residentes. Estas disposiciones no son optativas sino de obligatorio cumplimiento por el cargo que usted detentará hasta julio próximo. No existe deber más sagrado en lo que resta de su período que asegurar los derechos ciudadanos, la normalidad civil y la transición democrática al gobierno que los panameños escojamos, sin artilugios partidistas”, dice Camtur en la carta abierta al presidente Cortizo.
Precisan que la entrega de las calles y carreteras a grupos que operan al margen de la Ley, no tiene precedentes en Panamá.
“Esta estrategia fallida ha resultado no sólo en daños permanentes al turismo y a la imagen internacional de nuestro país, sino en la destrucción de empleos, el sufrimiento de la población por no poder asistir a sus trabajos y citas médicas; la imposibilidad de ganarse el sustento diario y en precios exorbitantes para alimentos e insumos de la canasta básica familiar. Estas acciones están llevando a la destrucción de nuestro sector agropecuario poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de este país que tanto nos ha costado”, alerta el gremio del sector turístico.
Camtur insta al Presidente a tomar acciones legales contra los grupos que están violando la ley.
“Le corresponde a usted y a su gobierno interponer las querellas, así como judicializar a las personas y grupos que continúan violando la ley, la decisión tomada por la Cámara de Turismo, Comercio y Agricultura de Tierras Altas y de otros grupos de interponer querellas civiles contra los acusados de mantener secuestrados a los pobladores de esa importante región del país e impedir el normal ejercicio de sus derechos constitucionales le corresponde a las autoridades las cuales no han actuado en nuestro criterio con la firmeza y velocidad requerida”.
Igualmente Camtur exige al Procurador y el Órgano Judicial que procedan a querellar a estos grupos que atentan contra el orden económico y el libre tránsito y que se han convertido en la autoridad.
