La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap) emplazó al Gobierno a poner orden y restablecer el libre tránsito en el país, tras cinco semanas de protestas y bloqueos de vías en rechazo al contrato minero.
El gremio empresarial resaltó que padres de familia, productores, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, profesionales y otros numerosos ciudadanos le piden al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que tome acciones y que no están pidiendo un favor; están exigiendo se cumpla con lo establecido en la Constitución Política de la República.
“¿Qué más necesita entonces el presidente y su equipo de gobierno que ocurra para que a los panameños se nos devuelvan nuestras libertades? ¿Acaso no son suficientes los muertos reportados producto de no poder movilizarse a causa de bloqueos o cierres o los cientos de miles de citas médicas perdidas?”, plasma el gremio en su mensaje semanal.
El sector empresarial considera que es inadmisible que el Ejecutivo vea cómo unos 40 mil estudiantes pierden el año escolar. Además, advierten sobre la pérdida de empleos, empresas que se irán a la quiebra y que actualmente miles de productores agropecuarios están viendo cómo el trabajo de un año se pudre en camiones.
“Lo que necesitamos es que el presidente de la República cumpla con lo que se comprometió al jurar su cargo y gire instrucciones a su ministro de Seguridad y a su Ministro de Gobierno, ¡hacer respetar la Constitución! ¡La Población no pide un favor, exige el cumplimiento de una responsabilidad! Ya basta de cálculos políticos. Basta de dejar pasar las cosas, porque las cosas no pasan: cada día de caos arruina un poco más el presente y el futuro de millones de ciudadanos, principalmente el futuro de jóvenes y niños”.
Desde finales de octubre el país vive una crisis producto de los cierres de vías en diferentes puntos del país, luego que agrupaciones empezaron a manifestarse contra la aprobación del contrato minero entre el Estado y Minera Panamá, para la explotación de cobre en Donoso, Colón.
“Esa inacción e incumplimiento de los sagrados deberes constitucionales queda aún más en evidencia cuando constatamos que los responsables directos de los cierres en todo el país son un puñado de irresponsables con una clara agenda política y antidemocrática”, reitera la Cciap.
De igual forma, se plantea que ante un pronto fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el contrato minero, es esencial que haya un ambiente donde los diferentes actores de la sociedad puedan conversar y discernir sobre el futuro del proyecto minero.
