Cerca de 2 mil clientes representan los créditos irrecuperables con el sistema financiero, de acuerdo con las cifras preliminares de la primera semana de diciembre dadas a conocer por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
El regulador y el sistema bancario ha estado a la expectativa de estas cifras, luego que se decidiera como fecha límite hasta el 31 de diciembre para migrar los créditos modificados a la cartera con tratamiento normal de cobro.
Esto implica que los clientes con más de 181 días de atrasos en los pagos serán dudosos y los que tengan más de 360 días son irrecuperables y se ejecutarán las garantías.
El informe de la SBP detalla que de 2 mil 620 millones de dólares en créditos modificados, 16% corresponden a la cartera de mayor riesgo debido a que son préstamos hasta ahora irrecuperables, cuyo monto asciende a 825 millones de dólares.
Dentro de esta categoría de mayor riesgo, 140 millones de dólares corresponden a créditos hipotecarios de unos 900 clientes que tienen préstamos bajo interés preferencial. El resto, (685 millones de dólares) corresponden a créditos comerciales, personales, de tarjetas de crédito, de autos y otros préstamos, incluyendo corporativos.
El superintendente de Bancos, Amauri Castillo, aclaró que toda persona que tiene un crédito modificado, incluso si está entre las categorías de mayor riesgo, puede llegar a acuerdos con el banco, por lo que se puede evitar la ejecución de su garantía si se logra reanudar los pagos y ponerse al día o lograr una reestructuración de su préstamo.
Por otra parte, sostuvo que la figura de las ejecuciones siempre ha estado sobre la mesa como una opción, pero recordó que no es negocio para los bancos adquirir bienes inmuebles, ni quedarse con casas o autos, sino lograr una intermediación financiera responsable con el dinero de los ahorristas que se invierte en préstamos.
“No es el interés de la banca ejecutar garantías, pero hay que entender que los bancos prestan mayormente con el dinero de los depositantes y hay una obligación que hay que apuntar para no poner en riesgo el dinero de los depositantes”, reiteró.
Castillo indicó que incluso en plena pandemia, gran parte de los préstamos modificados eran de créditos de autos, y muchos se han regularizado y recuperado.
“Toda esa cartera de crédito modificada va a migrar al 31 de diciembre a la categoría de créditos regulares. De los 2 mil 620 millones de dólares que hay modificados en este momento, 825 millones de dólares corresponden a préstamos en impago y la mayoría están en bancos grandes que tienen una capacidad financiera amplia para manejar este tema, por lo que no representan un riesgo sistémico para la industria y la estabilidad del sistema financiero panameño”, aclaró Castillo.
Explicó que la proporción de préstamos que corresponde a hipotecas irrecuperables cuentan también en su mayoría con garantía y respaldo.
“Los casos que vayan a darse en ejecución probablemente serán más altos, de lo que habitualmente se ha procesado bajo esta figura, pero incluso en ese período de ejecución, hemos visto situaciones en las que el cliente cuando se le avisa que será ejecutada su garantía, busca regularizar el pago y normalizar su situación con el banco para conservar el bien”, explicó el regulador.
En este contexto explicó que “todavía hay espacio para negociar y los bancos seguirán acompañando a las personas para lograr acuerdos siempre y cuando el cliente haya demostrado carácter y disposición de pago, porque también están los conocidos como ‘juega vivo’ que están esperando que el Estado les ayude”, dijo.
Comentó que en el caso de las ejecuciones de créditos de autos, se ha logrado en muchos casos colocar esos bienes en el mercado de carros usados con nuevo financiamiento.
“En la medida que se reactiva la economía vemos que muchas personas acuden a los bancos a normalizar su situación”, apuntó Castillo. El 2023 será un año de desafíos, pues es un hecho que subirán las tasas de interés de los créditos y se espera que también se ajusten las tasas de los depósitos.
Otro de los retos será ampliar la inclusión financiera y modernizar las regulaciones para dar paso de forma supervisada a las fintechs, reconoció Castillo.
