Chile apuesta a su estatus como un ejemplo modelo a favor del mercado a medida que el gobierno descarta planes para reducir la deuda a favor de, al menos, mil 500 millones por año en gastos sociales adicionales para apaciguar a los manifestantes.
En medio de violentas manifestaciones que llegan a un segundo mes, los funcionarios ahora planean un objetivo de déficit fiscal más amplio para 2020 que podría elevarse aún más en los próximos años, mientras la ciudadanía exige pensiones y salarios más generosos, así como una nueva constitución.
Dicha medida podría impulsar nuevos aumentos en la deuda pública que ya se incrementó al 26% del PIB frente al 5.2% registrado en 2008.
Está en juego no solo la paz social, sino también la reputación de la prudencia fiscal de Chile que le ha valido la calificación de deuda soberana más alta de América Latina, a la par de China e Israel.
Si bien el gobierno cuenta con cierto margen para aumentar el gasto con el fin de evitar más disturbios, el presidente Sebastián Piñera ha intentado resistir la presión por implementar soluciones populistas y afirmó a los periodistas la semana pasada que no caerá “en la tentación de la demagogia y el populismo” y que garantizará que la economía tenga “bases sólidas”.
Sin embargo, el gobierno ha tenido pocas opciones además de incrementar el gasto público. En uno de sus primeros anuncios después de asumir como ministro de Hacienda el mes pasado, Ignacio Briones aumentó el objetivo de déficit fiscal de este año al 2.9% del producto interno bruto, frente al 2% anterior.
Recién el martes, los funcionarios dijeron que presentarán un plan de reconstrucción económica para abordar la destrucción provocada tras semanas de saqueos.
“Lo que el gobierno ha anunciado como nuevo gasto es solo el punto de partida”, dijo Felipe Alarcón, economista de la firma de servicios financieros EuroAmerica. “No tenemos una última palabra sobre cuánto costarán las medidas”.
