Bocas del Toro, la región que lidera la producción panameña de banano, ha visto reducir sus rendimientos mientras enfrenta un alza de precios generalizada y la caída del volumen de sus exportaciones. Esta tormenta perfecta se ha posado encima de las miles de hectáreas desde donde se cosecha el llamado oro verde.
¿Qué pasa en esa región en donde Chiquita Brands tiene más de 100 años de operaciones y cómo la pandemia se unió a una multiplicidad de factores que hoy le pasan factura a la actividad?
En una conversación con este diario, Carlos López Flores, presidente de Chiquita Brands –a quien por estos días se le ha visto con más frecuencia en la ciudad de Panamá– quedó retratada la nueva realidad de la empresa y el peligro que observan en caso de que no se mejoren los números de la compañía, que emplea a cerca de 6 mil 500 personas.
Para el mundo bananero, los trabajadores y el Gobierno, el discurso de López ya es familiar, pues se han dado encuentros con las autoridades y cabildos abiertos con los obreros, precisamente para hablar del tema.
Pero para el Panamá citadino y financiero, que durante la últimas semanas ha estado enfocado en el diálogo nacional y en la audiencia del caso Odebrecht, además de estar entretenido con las ofertas de la versión tropical del black friday, se trata de una realidad poco visible y bastante ajena que pertenece al distrito de Changuinola, en Bocas del Toro.
López empezó por recordar cómo el mundo se complicó en los últimos 18 meses, cuando en medio de la pandemia se dio la ruptura de las cadenas de suministro y se encarecieron los plásticos, los combustibles y los fertilizantes.
A esto se le sumó una situación propia del mercado panameño, expuesto a la paralización de la operación de la compañía con el cierre de las únicas avenidas a través de las cuales se transporta el banano que sale desde Bocas del Toro y llega a la ciudad de Panamá para embarcarse y pasar 20 días de travesía antes de llegar a Europa, su mercado de destino.
A manera de ejemplo, López dijo que “en los últimos 3 años se han dado 300 tomas” del puente sobre el Río Changuinola. No se trata únicamente de trabajadores bananeros, sino de transportistas, maestros o cualquiera persona que genuinamente puede tener una razón para reclamar, pero que afecta el movimiento de contenedores, cargados de banano, hacia los puertos.
Cuando en el mes de julio de 2022 se intensificaron las protestas en Panamá, por el descontento generalizado de la población ante la inflación, los actos de corrupción y el desempleo, se perdieron 400 mil cajas de banano, contabilizando los racimos que estaban en el campo y que no se pudieron empacar.
La mercancía tenía un valor de mercado de 8 millones de dólares, pero el producto se pudrió en semana y media. El ciclo de producción del banano es altamente sensible, con periodos específicos de corte y empacado, que una vez se vulneran no dejan margen para salvar la fruta, que empieza un ciclo de maduración implacable e impide seguir con el plan para la exportación.
A estos factores, según López, se suma el hecho de que en los últimos cuatro años en el país se han aprobado varias leyes y ajustes salariales exclusivos para la industria, que suman un alza total de 28% para los trabajadores bananeros, lo que provocó una distorsión en la forma en la que opera la industria.
Explicó que con el alza salarial el trabajador ha perdido el incentivo de empacar seis cajas por hora, que es el convenio acordado previamente para lograr que la operación fuese rentable.
En ese sentido, puntualiza que el rendimiento cayó de dos a tres cajas por obrero.
Tal comportamiento ha dado a entender que los trabajadores estarían conformes con recibir, en promedio 25 dólares por día de trabajo, cuando la empresa dice estar dispuesta a pagar hasta 40 dólares con tal de cumplir con los rendimientos proyectados.
Al ritmo de trabajo actual, la fruta se madura y se daña en el campo, le caen plagas y aumenta el desperdicio por cada racimo.
López explicó que el bajo rendimiento se ha convertido en una presión importante para la compañía, cuya caída del 50% le impide alcanzar el compromiso de producir 22 millones de cajas al año.
“Para cumplir con los clientes, hemos tenido que salir a otros mercados a comprar el producto”, precisó.
Cuando se encienden estas alarmas, automáticamente se piensa en la posibilidad de que la empresa cierre operaciones, pero López aclara que eso no es lo que tienen en mente; más bien, han hecho los acercamientos con el sindicato, los trabajadores y las autoridades en la búsqueda de un mecanismo que les permita ir recuperando el terreno perdido.
A inicios de este mes, los directivos de la transnacional pidieron la mediación del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en este tema, en el que también salió a relucir la necesidad de hacer adecuaciones que garanticen el respeto de los derechos laborales.
Estaría por verse qué sucede en los próximos seis meses y cuáles son las directrices de la junta directiva de Chiquita Brands. Operaciones de este tipo no cierran de forma automática y generalizada, pero poco a poco se van reduciendo las fases del negocio que no resultan productivas hasta llegar a un punto en el que no tiene sentido seguir activos, porque no es posible cumplir con los volúmenes de producción.
López reflexionó sobre las inversiones de los últimos años, que suman cerca de $40 millones, y la situación en la que se encuentran, la cual resulta muy diferente a la que habían planificado.
“Deberíamos estar hablando de duplicar la siembra”, sentenció.
