‘Cierre ordenado’ de la mina abre el debate sobre cuánto tendría que operar el proyecto

El Ejecutivo presentó una serie de recomendaciones para definir el futuro del proyecto minero, entre ellas avanzar hacia un cierre autofinanciado, abrir conversaciones formales con la empresa y evitar que el proceso represente un costo para las finanzas públicas.

Tras conocerse estos planteamientos, representantes del sector empresarial reaccionaron sobre las condiciones que debería reunir cualquier decisión.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, señaló que las recomendaciones presentadas por el Ejecutivo abren una nueva etapa para definir el futuro del proyecto minero, aunque advirtió que todavía quedan aspectos por precisar.

“Se va a abrir para cerrar. Obviamente esa frase es muy simple pero tiene un alcance que todavía necesitamos dimensionar lo que significa”.

Barría sostuvo que el cierre no puede limitarse a detener por completo la actividad, ya que todavía existen impactos ambientales que deben ser gestionados durante el proceso.

En ese sentido, planteó que será necesario definir qué nivel de operación permitiría ejecutar las medidas de mitigación y avanzar hacia el cierre bajo las condiciones establecidas por el Estado.

“Cerrarlo de forma ordenada implica de alguna manera un grado de operación en el proyecto”.

Barría destacó además que uno de los elementos centrales debe ser evitar que el proceso represente una carga para las finanzas públicas.

“Es claro de que lo que se vaya a hacer no incide en las finanzas del Estado, eso es fundamental”, sostuvo al referirse al planteamiento de un cierre autofinanciado y a la posibilidad de establecer conversaciones formales con la empresa minera.

Por su parte, el presidente de la Cámara Minera de Panamá, Severo Sousa, afirmó que un cierre progresivo requeriría algún grado de actividad en el proyecto para poder financiar las labores necesarias.

“Para ese tipo de cierre progresivo necesitas de alguna manera volver a operar la mina. Porque la única forma de autofinanciar el cierre es que la mina produzca”.

Sousa agregó que la decisión que adopte el Gobierno deberá trascender el componente económico y contar con suficientes garantías jurídicas y ambientales.

Explicó que el material previamente extraído y que actualmente permite mantener parte de las operaciones tiene una duración limitada, por lo que cualquier esquema de cierre deberá contemplar cómo se financiarán las labores posteriores.

“El material que ya se tiene en este momento y que se está procesando [...] se va a acabar. En unos meses se va a acabar”, advirtió.

Añadió que “la única forma de hacer eso es operando bajo ciertas condiciones”, al tiempo que subrayó que la decisión que adopte el Ejecutivo tendrá efectos de largo plazo.

“Esta es una decisión que cuando se tome va a ser para varias décadas más allá de su gobierno”