La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá calcula que los cierres de calles, a raíz de la aprobación del contrato minero entre el Estado y Minera Panamá, provocan pérdidas de entre $60 millones y $90 millones cada día.
Este es el impacto económico que deja la parálisis del país, cuando los trabajadores no pueden llegar a sus oficinas, la mercancía no se puede entregar, los restaurantes reciben menos comensales o los turistas cancelan giras y viajes internos, por citar algunos ejemplos.
Así lo dio a conocer este 23 de octubre el presidente del gremio, Adolfo Fábrega, quien detalló desde la óptica empresarial las consecuencias de los cierres masivos de las principales avenidas del país, desde la provincia de Chiriquí, hasta el sector este de la provincia de Panamá.
Los más golpeados, dijo, son los microempresarios o trabajadores por cuenta propia que salieron de sus hogares con la meta de regresar con $50 o $60, pero a cambio retornarán con $10.
“Nos preocupan estos sobresaltos que no permiten que la economía se reactive luego de la pandemia”, indicó Fábrega.
Un día antes, el domingo 22 de octubre, el presidente del gremio dijo que demandar la mejora de determinadas situaciones es crucial, pero no a expensas de afectar adversamente a terceros. Ello con respecto al malestar ciudadano y de los grupos de sindicados que se oponen a la actividad minera.
Fábrega precisó que el Gobierno no debe hacer ninguna nueva aprobación de proyectos mineros hasta que revise el Código Minero y se determine como país “si queremos realmente entrar de forma más profunda en la industria de la minería”.
