El informe de la Comisión Interministerial sobre el futuro de Cobre Panamá ha generado reacciones desde distintos frentes. Mientras el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) cuestiona que la propuesta de un cierre autofinanciable pueda implicar, en la práctica, una eventual reactivación de la mina, análisis de firmas como Barclays y Deloitte advierten que la falta de definición sobre el proyecto mantiene costos económicos y presión sobre el perfil crediticio del país.
Un punto de coincidencia, con diferentes aristas, es la incertidumbre sobre qué ocurriría con Cobre Panamá. Para el CIAM, el esquema planteado por la comisión deja sin resolver aspectos ambientales, jurídicos y de derechos humanos.
Desde el ámbito financiero, Barclays y Deloitte ponen el foco en el impacto que la prolongada indefinición puede tener sobre las finanzas públicas, el riesgo país y la calificación soberana.
Barclays considera que el esquema de “abrir para cerrar” deja pendientes preguntas centrales, entre ellas cuánto tiempo operaría la mina y bajo qué modelo.
Deloitte, por su parte, advierte que “el costo de la indecisión ya no es neutral para el crédito soberano” y plantea que una definición creíble antes de finalizar 2026 sería relevante para la percepción crediticia del país.
Desde el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Carlos Bichet, abogado del CIAM, señaló que el informe de 35 páginas presentado el 30 de septiembre por la comisión, en términos prácticos recomienda evaluar un acuerdo con la empresa minera que permita establecer las condiciones para una eventual puesta en marcha del proyecto y generar los recursos necesarios para financiar su cierre.
Sin embargo, destacó que el documento no establece cuánto tiempo tendría que operar la mina ni bajo qué condiciones concretas se produciría esa eventual reactivación.
Bichet sostuvo que presentar la propuesta como un cierre autofinanciable es un “eufemismo” para referirse a una posible reactivación de Cobre Panamá. Recordó que el proyecto ya cuenta con un plan de cierre incluido en el Estudio de Impacto Ambiental categoría III aprobado en 2011.
Según CIAM, aunque la comisión establece como condición el cumplimiento del fallo de 2023 y de la moratoria minera, no explica cómo una eventual puesta en marcha resolvería los aspectos que llevaron a la Corte a declarar inconstitucional la Ley 406.
La actividad minera permanece suspendida desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406, que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
La Corte cuestionó que, pese a un fallo de inconstitucionalidad de 2017, el Estado negociara un nuevo contrato con problemas similares a los del anterior. Los magistrados consideraron que esto desconocía la decisión previa de la Corte y señalaron además que la Asamblea Nacional se excedió al modificar el contrato durante su trámite, cuando constitucionalmente debía limitarse a aprobarlo o rechazarlo.
Ahora, tres años después, el CIAM explicó que una eventual operación genere los recursos para financiar determinadas labores de cierre no significa que desaparezcan los posibles costos ambientales y sociales derivados de la actividad minera.
El abogado sostuvo que el informe no aborda suficientemente la dimensión de derechos humanos incorporada por la Corte Suprema en su fallo de 2023, particularmente el derecho a un ambiente sano, la protección de la vida y la salud y la justicia intergeneracional.
Además Bichet mencionó la ausencia de una licitación pública, las deficiencias del instrumento ambiental y del estudio de impacto ambiental y las consideraciones relacionadas con los derechos humanos de las comunidades, mientras pidió garantizar el Estado de Derecho antes de considerar cualquier alternativa relacionada con la reactivación del proyecto.
La Comisión Interministerial, conformada por los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias, Juan Carlos Navarro, de Ambiente, y Felipe Chapman, de Economía y Finanzas, recomendó al Ejecutivo iniciar negociaciones formales con Cobre Panamá y First Quantum Minerals para evaluar un nuevo acuerdo que permita resolver los arbitrajes internacionales pendientes y establecer las condiciones de una eventual puesta en marcha del proyecto bajo un esquema de cierre ordenado y autofinanciado, sin determinar cuanto tiempo este tomaría.
First Quantum por su parte, señaló en un comunicado que está dispuesta a participar en un proceso liderado por el Gobierno. “First Quantum reconoce que un nuevo acuerdo debe respetar la soberanía de Panamá, sus instituciones democráticas y un proceso liderado por el Gobierno”, indicó la empresa que es matriz de Cobre Panamá.
