El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, anunció que se entregará este 30 de septiembre el informe con las recomendaciones sobre el proyecto minero de Donoso, al presidente José Raúl Mulino, luego de analizar la auditoría integral de la mina.
Adelantó que una vez entregado el documento, será el presidente de la República, el que tomará una decisión sobre el futuro de Cobre Panamá.
El Comité Interministerial de alto nivel integrado por los ministros de comercio, Julio Moltó, de economía y finanzas, Felipe Chapman y de ambiente, Juan Carlos Navarro, analizaron los resultados de la auditoría de la mina que se realizó entre enero y junio de este año y cuyo informe final fue entregado el 19 de junio.
“El comité le hará entrega al señor Presidente de la República de nuestro informe con nuestras recomendaciones”, indicó Moltó, quien agregó que durante la presentación los tres ministros harán uso de la palabra y posteriormente Mulino también tendrá una intervención.
Moltó no adelantó cuáles son los escenarios o recomendaciones que contiene el documento.
La entrega del informe tampoco supone una decisión inmediata sobre el futuro de Cobre Panamá. Según Moltó, una vez recibido el documento, el presidente Mulino deberá analizar tanto su contenido como las recomendaciones antes de definir los siguientes pasos.
“Al señor Presidente le debemos dar el espacio y el tiempo para que analice el informe, las recomendaciones, para que él pueda entonces girar instrucciones y tomar decisiones al respecto”, señaló.
La actividad minera está suspendida desde noviembre de 2023 tras una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals.
Sin embargo, en mayo de 2025 se aprobó el Plan de Gestión Segura de la mina que contempla labores de mantenimiento del proyecto y posteriormente se han autorizado exportaciones de concentrado de cobre que había quedado almacenado en el proyecto, así como el reciente procesamiento de material rocoso expuesto que también ha sido exportado este año.
¿Qué dice la auditoría?
La auditoría integral realizada por SGS, cuyo informe final fue presentado en junio pasado, luego de ocho meses de trabajo incluyendo la parte de levantamiento de la información y las inspecciones, evaluó aspectos legales, laborales y tributarios; el cumplimiento ambiental; los estándares técnicos y operacionales; y los riesgos asociados a las condiciones actuales del proyecto, incluidos posibles pasivos ambientales futuros.
La auditoría determinó un nivel de cumplimiento global de 87.73 puntos sobre 100 en los parámetros evaluados. Sin embargo, también identificó incumplimientos y riesgos.
De los 370 compromisos ambientales revisados, nueve resultaron no conformes, con hallazgos relacionados con la huella intervenida por el proyecto, reforestación y restauración, conservación de la biodiversidad y gestión hídrica.
El componente técnico-operacional obtuvo 90.20 puntos, mientras que riesgos y pasivos ambientales registró la valoración más baja, con 81.70 puntos.
El informe también advirtió sobre riesgos asociados al material rocoso expuesto, el manejo del agua y la posibilidad de generación de drenaje ácido. Entre los puntos identificados figura la exposición de material mineralizado a las lluvias, que puede favorecer la lixiviación y movilización de metales, así como la contaminación de escorrentías si los sistemas de control resultan insuficientes.
Ambientalistas rechazaron auditoría
Organismos ambientales rechazaron el resultado del informe final de la auditoría y alertaron que debería rechazarse debido a que faltaban varios elementos en la evaluación.
En julio pasado la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) pidió que el informe no fuera aceptado en su estado actual, tras concluir en una revisión independiente que 155 de los 371 compromisos evaluados —más del 40%— no contaban con evidencia suficiente en los anexos publicados.
Los especialistas cuestionaron además que más del 90% de la información revisada proviniera de reportes suministrados por Minera Panamá y señalaron limitaciones para evaluar aspectos como la estabilidad de la instalación de relaves, el drenaje ácido, la calidad del agua y la biodiversidad.
En ese entonces, Isaías Ramos, biólogo y especialista en gestión ambiental, sostuvo que la auditoría se concentró en comprobar la entrega de documentos, sin demostrar que las medidas aplicadas fueran efectivas, además de que no se contrastó la información y solo se basa en informes de la propia empresa minera sobre el proyecto Cobre Panamá.
“Hay 155 compromisos que no tienen sustento en la auditoría entregada al Ministerio de Ambiente. De 370, casi 40% de la información presentada no tiene ningún sustento de valor”.
“Hay 155 compromisos que no tienen sustento en la auditoría entregada al Ministerio de Ambiente. De 370, casi 40% de la información presentada no tiene ningún sustento de valor”, alertaba Ramos.
Además, los ambientalistas advertían sobre la inconstitucionalidad de abrir las operaciones.
“El proceso de cierre no implica continuar extrayendo. Son dos categorías legales, industriales y técnicas distintas”, afirmó Lilian Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental.
Añadió que “cada día de extracción extiende días de contaminación” y advirtió que cualquier intento de reapertura, incluso mediante una empresa estatal o una alianza público-privada, enfrentaría los fallos de la Corte Suprema de Justicia, la Ley de Moratoria Minera, el Acuerdo de Escazú y otras normas ambientales vigentes.
Impacto del cierre
En contraste, un estudio económico del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) advirtió que el cierre de la mina dejó un impacto de 30,277 empleos afectados y $4,851.1 millones de pérdida acumulada de producto interno bruto (PIB) real entre 2024 y 2025.
El resumen del documento, al que tuvo acceso La Prensa, calcula en $2,004.7 millones las compras locales que dejaron de realizarse y fija en $1,360.9 millones la pérdida en impuestos y regalías durante esos dos años.
Esta semana la Cámara Minera de Panamá (Camipa) al cierre de 2025 instó al gobierno a tomar una decisión sobre el futuro de Cobre Panamá.
“El país dispone hoy de más información sobre el estado del proyecto y sobre las consecuencias económicas y sociales de su cierre. Prolongar indefinidamente la incertidumbre también tiene costos para las comunidades, los trabajadores, los proveedores, la inversión y la gestión ambiental de las instalaciones existentes”, dijo el gremio.
“El país requiere una definición oportuna que permita reducir la incertidumbre y avanzar con certeza hacia una solución sostenible y de largo plazo. Camipa recomienda avanzar hacia la reanudación ordenada de las operaciones de Cobre Panamá”.
El gremio recomendó avanzar hacia la reanudación ordenada de las operaciones de Cobre Panamá, mediante una solución plenamente compatible con el marco constitucional y legal vigente.
