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La Comisión Supervisora del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) exige al Gobierno que se fortalezca el fondo con la transferencia de los $725.3 millones que están pendientes de los aportes del Canal al Tesoro Nacional entre 2018 y 2021, según establece la ley.
El criterio de la Comisión, que es el órgano representativo de la sociedad civil en la estructura de gobierno corporativo del Fondo, fue emitido con base al informe del FAP sobre los resultados financieros de 2021, el modelo de gestión y las principales metas, entre otros.
El FAP cerró el 2021 con un valor neto de $1,422.4 millones o 2.4% de la economía panameña, cifra que, de acuerdo con la administración del Fondo, demuestra un fortalecimiento patrimonial de $188.8 millones desde su constitución en 2012, con un capital semilla de $1,233.6 millones. Desde su creación, el FAP ha generado cerca de $425.3 millones en rendimientos. Sin embargo, este ahorro podría superar los $2 mil millones, si se hubiera cumplido cada año con los aportes que señala la ley.
El artículo 3 de la Ley 38 de 2012 (que creó el FAP, a partir del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, establecido en 1995), modificado a través de la Ley 51 de 2018, establece la regla de acumulación y principales fuentes del Fondo. Se aprobó que para 2018 y 2019 se destinarán al patrimonio del FAP los aportes equivalentes al 50% de las contribuciones que realice la Autoridad del Canal de Panamá al Tesoro Nacional, superiores al 2.5% del producto interno bruto (PIB) nominal que genere el país en el año en curso. De 2020 en adelante, el aporte corresponderá al monto de la aportación que exceda el 2.25% del PIB. En ninguno de estos cuatro años se ha cumplido con la ley.
En su informe, la Comisión opinó que la gestión del FAP se caracterizó por la aplicación de criterios de prudencia y un razonamiento económico y financiero para la implementación de una estrategia de inversión apegada a los objetivos definidos en la Ley 38 de 2012 y las directrices del Ministerio de Economía y Finanzas.
“La Comisión, con este informe, busca brindarle al Gobierno Nacional una opinión independiente sobre el valor e importancia del FAP para el país. Es importante que el MEF impulse, como política de Estado, la búsqueda de mecanismos para que el FAP pueda recibir su porción de las contribuciones que la ACP realizó al Tesoro Nacional durante el periodo 2018-2021″, señala la Comisión Supervisora del FAP, presidida por Carlos Berguido, en representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep). Esta comisión la integran representantes del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá; el Colegio de Economistas de Panamá; el Consejo Ecuménico de Panamá; el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), y el Conep.
Además de transferir los aportes pendientes, la Comisión recomienda la contratación de un seguro catastrófico para cubrir el riesgo de contingencia monetaria derivado de posibles desastres naturales en el país. “Solicitamos al MEF proporcione los términos y condiciones que plantea requerir del proveedor de este seguro”, señala.
Igualmente, pide cumplir con la rendición de cuentas por parte del MEF de los capitales retirados para atender los efectos de la pandemia de la covid-19 durante la vigencia de 2020.
Para una mayor protección de los activos del FAP, la comisión considera la necesidad de incluir el Fondo en un artículo constitucional y proveerle personería jurídica al mismo.
También, para fortalecer el marco de inversiones, sugiere evaluar la viabilidad de que el FAP invierta parte de sus recursos en el país a fin de promover el desarrollo nacional, aunado a la posibilidad de fortalecer su marco de inversión con la elegibilidad de nuevas clases de activos.
