Durante los últimos meses el mundo ha vivido una crisis sin precedentes y las empresas productoras, importadoras y distribuidoras de bebidas alcohólicas hemos asumido un rol activo para contribuir, en todas partes del mundo, a mitigar el impacto del COVID-19.
En Panamá, las empresas que conformamos la industria de bebidas alcohólicas hemos trabajado arduamente para respaldar a nuestros colaboradores y a sus familias, mientras apoyamos las medidas tomadas por el gobierno nacional y reiteramos la importancia del consumo responsable de nuestros productos como eje central de nuestra comunicación.
Nos solidarizamos y aplaudimos la labor de nuestros héroes, especialmente a los estamentos de salud y seguridad, que desde la primera línea trabajan arduamente para mitigar los efectos negativos provocados por el COVID-19.
Así mismo, consideramos que la prioridad de todos los sectores del país debe seguir siendo la seguridad y la salud de las personas, así como la continuidad operativa de las empresas, para lograr condiciones económicas y sociales que permitan una pronta recuperación. Por esta razón creemos necesario poner fin a la Ley Seca y esbozamos las razones principales que nos llevan a ese pedido:
• En todo momento, la industria de bebidas alcohólicas ha respetado las leyes y los decretos establecidos para frenar el incremento de los casos del COVID-19 en el país. En el marco de la pandemia, hemos acompañado los esfuerzos del gobierno nacional y consideramos que después de 2 meses y medio de tener restricciones comerciales en nuestra industria, sostener una Ley Seca no es necesario, especialmente ahora que el país se encuentra en un proceso de reactivación económica.
• La mayoría de los países del mundo, incluyendo naciones latinoamericanas, han respetado la libertad de elección de los ciudadanos en relación con este tipo de producto, especialmente cuando se trata del consumo privado. La experiencia internacional indica que asegurar el distanciamiento físico es el factor crucial para frenar la propagación del virus y no las restricciones de venta de bebidas alcohólicas.
• Estamos muy preocupados por el daño que la Ley Seca continúa generando a la industria; actualmente hay miles de colaboradores y familias que pueden verse afectados, pues una gran cantidad de empleos están en riesgo. La industria emplea directamente a 6,000 personas e indirectamente a unos 45,000 individuos.
• Adicionalmente, el impacto económico se extiende a todos los canales de comercialización como supermercados, minisúper, abarroterías y almacenes especializados. Actualmente la industria cervecera tiene alrededor de 30 millones de dólares en inventario de producto terminado en sus bodegas y tiendas detallistas que está próximo a vencerse.
• La extensión de la Ley Seca riñe con la urgente necesidad de reactivación económica de nuestro país. La industria representa aproximadamente 1.3% del Producto Interno Bruto de Panamá.
• A pesar de los controles establecidos por el gobierno nacional, se ha creado un mercado ilícito de alcohol que lejos de evitar el consumo, ha abierto una oportunidad a grupos ilegales para producir y comercializar productos sin controles de calidad, poniendo en riesgo la salud y seguridad de los consumidores, particularmente en las comunidades más necesitadas.
• En materia fiscal, la industria aporta alrededor de 125 millones de dólares anuales al estado por concepto de impuesto selectivo de consumo (ISC) e impuesto de transferencia de bienes, muebles y servicios (ITBMS). Con la aplicación de la Ley Seca el estado deja de percibir estos ingresos mientras crece el mercado ilegal.
Estamos particularmente preocupados por nuestros clientes en el sector minorista; muchos se encuentran en posiciones financieras precarias y creemos que el levantamiento de la Ley Seca les beneficiaria y evitaría que negocios vibrantes y estratégicos para la economía nacional cierren sus puertas.
Por todo lo antes expuesto, quisiéramos elevar una solicitud a las autoridades para que se suspenda en su totalidad la Ley Seca y se libere la venta legal de bebidas alcohólicas, para que los consumidores continúen adquiriendo productos de manera formal. Esta decisión permitirá mantener los puestos de trabajo, la recaudación fiscal y eliminar el incentivo al comercio ilícito.
Somos conscientes de que hay varias prioridades que atender en la nueva realidad que enfrentamos y estamos listos para contribuir y asesorar sobre la mejor manera en que nuestro sector, y aquellos que nuestro sector apoya, puedan recuperarse y volver más fuertes que nunca de esta crisis.
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