La Contraloría General de la República instaló en la mañana de este 28 de enero una comisión para hacer una evaluación técnica al proceso censal con el objetivo "de garantizar la efectividad de la aplicación del XII Censo de Población y VIII de Vivienda”.
Así lo informó un comunicado de la Contraloría, en el que se detalla que los resultados de esta comisión, en la que participan representantes de organismos internacionales, determinarían la fecha del Censo, que estaba previsto para el domingo 24 de mayo de 2019, pero que fue aplazado debido a una serie de impugnaciones de las empresas que participaron en la licitación.
El contralor Gerardo Solís, quien hace poco pidió recomendaciones de expertos en la materia, dijo que para la Contraloría es un privilegio contar con el apoyo del Fondo de Población de la Naciones Unidas (FPNU) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Sonia de Heckadon, del FPNU, explicó que esta no es una auditoría, sino una evaluación técnica para establecer las recomendaciones necesarias para que el país pueda tomar las decisiones necesarias y los pasos a seguir.
“Los censos son un hito nacional y es una gran fiesta ciudadana. Nos enorgullece que el Contralor haya convocado a esta evaluación, porque con estos Censos la información recabada se pone a disposición de los diferentes países y sirven para la medición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y para definir políticas públicas y darle seguimiento”, dijo Heckadon.
En la actividad participaron, además de Solís y Heckadon, José Mejía, del BID; César Núñez, coordinador residente de la Naciones Unidas; Orcila de Constable, directora del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), y Francisco Rodríguez, asesor del Despacho Superior de la Contraloría.
El 6 de enero pasado, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas confirmó la resolución que emitió la Contraloría el 25 de septiembre de 2019, en la que declaró nula la licitación para comprar los teléfonos y equipos electrónicos que utilizarían los empadronadores durante el censo. Según la comisión, ninguno de los tres proponentes cumplía con los pliegos de condiciones para esta licitación, que tiene un precio de referencia de $449 mil 132. Así, la Contraloría General podría convocar a una nueva licitación o hacer un contrato directo.
Sin embargo, está pendiente por decisión, el reclamo de la empresa PBS-Xerox en la licitación para la adquisición de materiales censales, servicios logísticos y de procesamiento de los cuestionarios del Censo. Esta licitación tiene un precio de referencia de 8.3 millones de dólares.
Ante todo este escenario, el contralor declaró que consultaría a expertos nacionales e internacionales para que le dieran recomendaciones y tomar una decisión final.
