Costa Rica trabaja en el diseño de un pago por servicios marinos que reconocen los esfuerzos de personas por proteger y liberar tiburones martillo, informó este jueves el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) del país.
Este programa para tiburones martillo forma parte del programa de Pago por Servicios Ecosistémicos Marino-Costeros (PSEM) en el que el Estado compensa económicamente las prácticas del manejo sostenible en los ecosistemas de manglares en la costa del Pacífico.
El MINAE, por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) junto con la Fundación Banco Ambiental (FUNBAM), desarrolla así un nuevo sistema de PSEM para reconocer el servicio ecosistémico que produce la liberación de tiburones martillo.
“Este esfuerzo, busca ampliar el tradicional programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) terrestre, llevándolo al océano y se basa en planes técnicos que aseguran el manejo sostenible de los ecosistemas marinos trabajando con las personas que cuidan el océano y viven en las zonas costeras”, explicó el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach.
El proyecto se da en el marco de un decreto que prohíbe la captura, retención a bordo, transbordo, descarga, almacenamiento y comercialización de productos y subproductos del tiburón martillo, que luego fue reformado y que ahora, adicionalmente prohíbe el transporte de aleta de martillo en el territorio nacional, prohibiendo así el ingreso al país de aleta de martillo pescado en el extranjero y su exportación hacia mercados extranjeros.
Con el mecanismo de PSEM, las autoridades también impulsan un reconocimiento para los pescadores artesanales, lo cual incluye la colocación de dispositivos denominados “balizas” en las embarcaciones. Se trata de un sistema que emite una señal vía satélite para permitir la ubicación de las embarcaciones en tiempo real, brindándoles a los pescadores un servicio de alerta en caso de sufrir algún percance en altamar.
El Gobierno costarricense inició con el esquema de Pago por Servicios Ecosistémicos en bosque de mangle por medio de un plan en el año 2024 con seis organizaciones del golfo de Nicoya (Pacífico), con un alcance de 157 familias beneficiadas.
Según la información oficial, el país cuenta con 24,000 hectáreas de manglar protegido y actualmente hay 544 personas molusqueras bajo contratos por pago distribuidos en 15 asociaciones a lo largo de la costa pacífica y la proyección es llegar a 600 personas molusqueras en el año 2026.