La Defensoría del Pueblo anunció este sábado 24 de febrero que ha iniciado una investigación de oficio contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de la Presidencia por la posible violación de los derechos humanos de los servidores públicos, por el pago incompleto del décimo tercer mes.
En un comunicado emitido por la entidad, se destaca que el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, ha solicitado que las entidades gubernamentales y otras instituciones relacionadas con esta investigación presenten un informe en un plazo no superior a cinco días hábiles, con el fin de determinar si se ha vulnerado o no los derechos humanos.
Asimismo, se ha autorizado a la Dirección de Protección de los Derechos Humanos de la entidad a llevar a cabo inspecciones en cualquier institución pública y llevar a cabo otras diligencias pertinentes.
La investigación de la defensoría surge a raíz de la declaración, a principios del mes de febrero, por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia, de la inconstitucionalidad de un límite salarial ($550) para el cálculo del pago del décimo tercer salario de los funcionarios.
Tras la decisión de la Corte Suprema, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo el pasado viernes 16 de febrero que para el presupuesto de 2024 no estaban contemplados esos recursos económicos y que eso se tenía que conversar con el MEF.
Sin embargo, a mitad de esta semana el Gobierno informó que pagaría la primera partida del décimo tercer mes a los funcionarios con el mismo cálculo que se hace en el sector privado, en base al salario.
No obstante, el Gobierno dijo que este primer pago, que corresponde a la partida de abril de 2024, se desembolsará en dos fechas.
El primer desembolso se hizo efectivo este viernes 23 de febrero y el remanente, para equiparar esta primera partida, será pagado en abril de 2024.
Esta pago dividido es lo que investigará la Defensoría del Pueblo, ante un posible escenario de violación de los derechos humanos de los servidores públicos.
