El sector público no financiero refleja un déficit acumulado de $3,932.4 millones al mes de septiembre, de acuerdo con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Ello equivale al 4.75% del producto interno bruto (PIB) nominal, estimado para 2023 en $82,721 millones.
El déficit en las cuentas públicas ocurre cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos en los que incurre el Gobierno.
En lo que va de este año, y hasta el cierre de septiembre, se observó un aumento de esta tendencia en comparación con el ejercicio anterior. Hace un año, en igual periodo, el déficit era de $3,525.5 millones.
Este es un tema recurrente para Panamá, que no ha dejado de aumentar los gastos frente a sus ingresos, sin importar qué tanto se recaude. Seguirle la pista a dicha relación es importante para validar si se cumple con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que apunta a una reducción de los niveles de déficit fiscal para contener el aumento de la deuda pública.
Para todo el ejercicio 2023, el límite previsto en la ley fiscal es del 3%.
De acuerdo con el informe del MEF, firmado por el ministro Héctor Alexander y el viceministro Carlos González, hasta septiembre se lograron ingresos totales por $9,168.5 millones, lo que equivale a un alza de $925.1 millones o 11.2%.
Pero del lado de los gastos totales, estos llegaron a $13,100.9 millones, reflejando un aumento de $1,332.0 millones o 11.3% en comparación al año anterior.
Recaudar versus gastar
Los ingresos corrientes del Gobierno, que concentran la mayor parte de los ingresos totales, aumentaron en $795.3 millones o 9.9%, hasta alcanzar $8,816.0 millones.
El incremento es explicado, en parte, por la operación de la venta de tierras del Estado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), por $500 millones.
Estos fondos oxigenaron a la administración de Laurentino Cortizo, que automáticamente los asignó para hacerle frente a gastos corrientes, mientras que varias voces argumentaban que se trataba de una movida financiera innecesaria porque el Estado podía haber cedido, sin costo, las tierras a la ACP, al tratarse de una empresa estatal.
Por su parte, en los gastos totales, el mayor aumento fue por intereses sobre la deuda, influyendo los compromisos contraídos especialmente durante pandemia, “dada la caída en la recaudación en ese periodo y por el incremento de las tasas de interés de referencia a nivel internacional, con efectos en el costo ponderado de la deuda pública (que pasó de 4.05% en septiembre de 2022 a 5% en septiembre de este año)...”, indica el ministro Alexander en su reporte.
Otros aumentos importantes fueron los gastos corrientes del gobierno central por el pago a la población beneficiaria de subsidios, además de la extensión del vale digital y del subsidio al combustible.
En octubre pasado, La Prensa divulgó un informe estadístico de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), en el que se reflejan los pagos del llamado Vale Digital desde el año 2020 hasta septiembre de 2023, bajo el cual se habían desembolsado $2,213 millones.
Las regiones donde más se había asignado esta ayuda están controladas por autoridades del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD). Ello demostraría el matiz político que tienen algunos renglones del gasto, que influyen en el manejo de las finanzas estatales.
El informe del MEF precisa que para al cierre del año 2023 se espera el cumplimiento del límite máximo del déficit fiscal de 3% del PIB nominal, según lo estipula la Ley No.185 de 25 de noviembre de 2020, lo que representa una disminución respecto al 4% del límite establecido en 2022.
En este punto es importante considerar que históricamente el grueso de los ingresos, que son los aportes anuales del Canal de Panamá, ingresan a fin de año y ello ayuda a balancear las cuentas.
Sin embargo, ahora se han unido otros elementos que desafían las metas fiscales, como las pérdidas económicas no anticipadas a raíz del bloqueo de carreteras y avenidas, en rechazo del contrato minero, lo que tendría un efecto en los ingresos corrientes del Estado al finalizar el año.
A su vez, el Canal se enfrenta a una dura sequía y tocaría esperar si sus aportes serán por el monto originalmente pensando. La ACP ha dicho, hasta ahora, que se mantiene la proyección.
Sin embargo, las tres calificadoras de riesgo han disminuido su confianza en la capacidad del Gobierno para cumplir con sus compromisos financieros.
Mientras la administración de Cortizo se vale de creatividad contable para cumplir con la ley fiscal, el país enfrentaba un alto endeudamiento y un insostenible tamaño del Estado.
Por ejemplo, el MEF difirió el pago de $364 millones en intereses de la deuda correspondientes al año 2022.
La medida tuvo como resultado un menor gasto en concepto de intereses y contribuyó a cuadrar las cuentas para cerrar el ejercicio con un déficit fiscal del año pasado dentro del 4% sobre el PIB, tal como lo establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
En el caso de la calificadora Fitch, su nota está apenas un nivel por encima del grado especulativo, con perspectiva negativa, lo cual significa que lo más probable es que baje la calificación en su próxima revisión. Si Panamá pierde el grado de inversión, el costo de los intereses para el Estado y los particulares aumentará.
En el entorno fiscal, también estaría por verse el efecto de declarar el contrato minero inconstitucional, ya que la operación de Minera Panamá representa cerca del 4.8% del PIB.
